El pasado 24 de junio se cumplió un mes de la brutal agresión en contra del abogado sonorense Carlos Arturo Bustamante, víctima de un ataque por parte de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes abrieron fuego contra el vehículo en el que se encontraba, disparando más de 70 veces por lo que, horas más tarde, fue reconocido por la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) como un “error”.
El Licenciado en Derecho, originario de Cananea, recibió seis impactos de bala: dos en la pierna izquierda —uno en la rodilla y otro en la parte baja—, uno en la mano derecha, otro en la muñeca izquierda, además de lesiones en el hombro izquierdo. Desde entonces, su estado de salud ha sido crítico y ha requerido de múltiples intervenciones quirúrgicas para salvar su vida.
Siete cirugías y un largo camino de recuperación
En más de un mes, Carlos Bustamante ha sido sometido a siete cirugías, entre ellas, reconstrucción de su muñeca izquierda, incluyendo arterias, huesos y nervios, así como reparaciones en la mano derecha, rodilla y nervios de la pierna izquierda. También presenta complicaciones renales y cuadros hipertensivos derivados de las heridas.
De acuerdo con su familia, lo prioritario para el equipo médico fue salvarle la vida; ahora, se encuentran en la fase de reconstrucción de extremidades para luego comenzar un proceso de terapia intensiva. “Todo ha sido para él muy doloroso, pero se ha portado muy valiente”, relataron sus allegados.
Sin justicia ni detenidos
Aunque inicialmente se informó que los elementos de la AMIC involucrados en el ataque habían sido judicializados, la Fiscalía estatal reconoció el 28 de mayo que los agentes no estaban detenidos y actualmente se desconoce su paradero. A la fecha, no ha habido ningún arresto relacionado con la agresión.
Carlos Bustamante, un joven abogado con una carrera en ascenso, es descrito por sus familiares como un hombre tenaz, carismático y franco, además de esposo, padre e hijo. Hoy, su entorno más cercano clama justicia ante un hecho que cambió radicalmente no solo su vida, sino la de toda su familia.
“Lo mínimo que merece es justicia y apoyo irrestricto”, señalaron.
El caso ha generado indignación en distintos sectores de la sociedad, quienes exigen a las autoridades responsabilidad, transparencia y la aplicación de la ley, ante lo que califican como un acto inadmisible de abuso de fuerza por parte de corporaciones de seguridad pública.
