Carlos Martín González, un mexicano de 26 años, fue detenido el pasado 7 de julio en una carretera de Florida a pesar de contar con una visa de turista válida. Desde entonces, permanece bajo custodia en el centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz, ubicado en una zona pantanosa del estado, sin acceso a visitas, asistencia legal efectiva ni atención consular.
La detención ocurrió durante un operativo de tránsito en el que agentes de la Patrulla de Carreteras identificaron que el vehículo en el que Carlos viajaba no tenía registro vigente. Aunque se trataba de una infracción menor, se le colocó de inmediato una retención migratoria (“immigration hold”), que lo dejó bajo custodia del sistema federal de inmigración.
Pese a no contar con antecedentes penales y haber ingresado legalmente al país, Carlos fue trasladado a Alligator Alcatraz, un centro de detención cuestionado por su aislamiento extremo y las condiciones restrictivas impuestas a los internos. Su familia ha denunciado que no ha podido verlo ni comunicarse directamente con él más allá de breves llamadas prepagadas de cinco minutos, sin privacidad ni garantías de confidencialidad.
Desde su arresto, el joven permanece sin número de caso asignado por las autoridades migratorias, lo cual impide que reciba defensa legal formal o intervención consular. Ni siquiera el cónsul mexicano en Orlando ha podido avanzar en su representación por la falta de expediente abierto. Según su entorno, se han enviado múltiples comunicaciones legales sin recibir respuesta.
Su padre viajó desde México para intentar visitarlo, pero no ha conseguido ingresar al centro. La familia insiste en que Carlos no cometió ningún delito y su estancia en Estados Unidos era totalmente legal. La situación ha generado alarma entre organizaciones de derechos humanos, que han advertido sobre irregularidades en el manejo de centros como Alligator Alcatraz y la falta de transparencia en sus procedimientos.
Mientras tanto, el joven continúa en aislamiento a la espera de que se le asigne un número de caso que le permita ejercer su derecho a una defensa y representación justas. El caso pone en evidencia las fallas del sistema migratorio estadounidense, que en ocasiones deja en vulnerabilidad incluso a personas con estatus legal vigente.
