El colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, conformado por familiares de víctimas del incendio en la Guardería ABC, exigió al Gobierno de México gestione de manera urgente la extradición de Sandra Lucía Téllez Nieves, una de las socias de la estancia infantil, tras confirmarse su detención en Arizona, Estados Unidos.
La aprehensión, derivada de una ficha roja emitida por Interpol desde 2023, responde al mandato judicial emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sentenció a Téllez Nieves a cinco años y siete meses de prisión por homicidio culposo en agravio de 49 niñas y niños, así como por lesiones a más de un centenar de menores.
En entrevista para RTN Medios, el abogado Gabriel Alvarado Serrano, representante legal del colectivo, dijo que la detención representa un avance significativo luego de 16 años de lucha legal por parte de los padres afectados, quienes han enfrentado largos procesos judiciales en busca de justicia.
El colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, conformado por familiares de las víctimas del incendio en la #GuarderíaABC, pidió al @GobiernoMX gestionar de forma urgente la extradición de Sandra Lucía Téllez Nieves, detenida en #Arizona tras una ficha roja de Interpol. La
Lamentó que ni la Fiscalía General de la República ni otra autoridad mexicana haya informado oficialmente sobre la detención, pese a que esta habría ocurrido semanas antes de su confirmación pública, lo que los obligó a ellos por sus propios medios obtener información sobre la detención.
Algo que resulta preocupante de las autoridades, mencionó, es que durante este periodo, la defensa legal de Téllez Nieves haya podido iniciar trámites en Estados Unidos para obtener asilo político bajo el argumento de una supuesta persecución.
Esta estrategia jurídica fue calificada como improcedente, mencionó, pues los delitos por los que se le responsabiliza son considerados graves y no encuadran en los supuestos de la ley migratoria estadounidense que permitirían el asilo.
El representante legal, enfatizó que, conforme al tratado bilateral vigente, corresponde a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores formalizar la solicitud de extradición. Hasta ahora, agregó, no existe evidencia pública de que ese proceso se haya iniciado.
El colectivo considera inadmisible que los familiares, como víctimas indirectas, se hayan enterado por canales no oficiales y hayan tenido que confirmar por cuenta propia la detención.
