Tras los constantes accidentes protagonizados por pipas de combustible en zonas urbanas, como el reciente incidente en la calzada Ignacio Zaragoza, la presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado, Mariela Gutiérrez Escalante, anunció que se revisará el marco legal y la normatividad vigente que permite la circulación de este tipo de vehículos sin mayores restricciones.
“Es necesario tomar cartas en el asunto”, declaró la senadora, luego de lamentar la explosión de una pipa de gas en el Puente La Concordia, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. La legisladora advirtió que las empresas de transporte de materiales peligrosos deben estar obligadas a cumplir con estrictas medidas de seguridad y garantizar que sus unidades se encuentren en óptimas condiciones mecánicas.
Entrevistada durante los festejos del Bicentenario de Tecámac, Gutiérrez Escalante subrayó que los accidentes con pipas de doble remolque son frecuentes en las carreteras del país, y que el riesgo aumenta cuando transportan materiales inflamables como gas LP, gasolina o químicos peligrosos. Entre los factores que más inciden están el exceso de velocidad, la falta de precaución y fallas mecánicas, que pueden derivar en explosiones, volcaduras o colapsos estructurales con consecuencias fatales.
La senadora de Morena advirtió que en la última década, medio centenar de personas han muerto por choques de pipas de gas en México y casi 200 han resultado heridas, sin contar los incidentes relacionados con químicos, gasolinas u otras sustancias peligrosas transportadas en dobles remolques.
Gutiérrez Escalante recordó que en 2022 se aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, cuyo objetivo es reducir muertes por siniestros viales y promover un acceso equitativo y sostenible al transporte en todo el país.
Citando a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señaló que, a pesar de los esfuerzos en materia de seguridad vial, México mantiene una alta tasa de muertes por accidentes de tránsito, con más de 16,000 fallecimientos registrados en 2016.
“Es necesario un trabajo interdisciplinario, con diversas comisiones y dependencias, para evitar que este tipo de transportes peligrosos crucen por ciudades y poblaciones con los riesgos que ya conocemos”, concluyó.
