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Padres de víctimas y sobrevivientes de la Guardería ABC reclaman justicia y atención médica a 16 años de la tragedia

Integrantes del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio manifestaron su inconformidad con los resultados del proceso jurídico-penal tras 16 años del incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo.

José Francisco García Quintana, padre del niño Andrés Alonso, denunció que las autoridades judiciales han aceptado amparos y apelaciones que han dilatado las sentencias contra los responsables. Recordó que, aunque 22 personas tienen condena firme, las penas se redujeron de 25 a solo 5 años de prisión, y hasta ahora solo se han ejecutado tres órdenes de aprehensión.

Actualmente, solo una persona permanece en prisión, mientras que Sandra Lucía Téllez y Roberto Copado Gutiérrez continúan prófugos, pese a tener órdenes de reaprehensión desde 2022 y 2023.

Otra de las inconformidades es que las nuevas penas solicitadas contra funcionarios de los tres niveles de gobierno serán resueltas de manera dividida por juzgados de Hermosillo y Ciudad de México.

Patricia Duarte Franco llamó a las nuevas ministras y ministros del Poder Judicial, que entrarán en funciones en septiembre, a revisar el caso y demostrar con hechos que están del lado del pueblo. Adelantó que en los próximos días se reunirán con la presidenta Claudia Sheinbaum para abordar el tema.

Protesta de sobrevivientes

En paralelo, padres y sobrevivientes realizaron una protesta frente al CAICE para exigir al IMSS el reconocimiento como lesionados a 40 jóvenes que presentan secuelas del incendio.

Fabiola Domínguez Loya, madre de una sobreviviente, denunció que el IMSS ocultó durante más de 10 años un dictamen médico que confirmaba daño permanente por inhalación de humo. De los 106 sobrevivientes, hasta ahora solo 24 han sido reconocidos como lesionados, 42 como expuestos con daño permanente, mientras que 40 no tienen reconocimiento oficial pese a padecer enfermedades como asma crónica.

Los jóvenes sin reconocimiento reciben atención parcial en el CAICE, muchas veces de forma subrogada y con gastos que deben cubrir las familias, quienes posteriormente tienen que tramitar reembolsos.

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