El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, aseguró que los funcionarios públicos cuentan con mayor preparación que el resto de la población, durante la discusión de una acción de inconstitucionalidad contra la Ley del Notariado de Colima.
El caso se centró en el artículo 140, que establecía penas de uno a ocho años de prisión y multas de 50 a 100 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización para los servidores públicos que obstaculicen o impidan a un notario ejercer su función o no le presten auxilio. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) impugnó el artículo por no definir los términos «obstaculizar» e «impedir», señalando ambigüedad en la norma.
Durante la sesión, el ministro Aguilar Ortiz defendió la precisión del artículo, argumentando que los funcionarios públicos poseen la formación necesaria para entender estas expresiones. Sin embargo, votó a favor de declarar el artículo inconstitucional, no por la ambigüedad, sino porque no se justifica castigar con prisión las omisiones de los servidores públicos al asistir a notarios.
El proyecto presentado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa fue aprobado por mayoría de siete votos, mientras que las ministras Lenia Batres y Sara Herrerías votaron en contra.
