Luego de las denuncias difundidas sobre un supuesto hackeo a su red interna, el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió un comunicado oficial en el que negó haber sufrido un ataque cibernético reciente, aunque confirmó que sí enfrentó una intrusión informática durante el proceso electoral del año pasado, la cual —asegura— fue detectada y contenida oportunamente.
El organismo electoral precisó que, tras una revisión exhaustiva de sus sistemas, no se ha identificado ninguna vulneración ni actividad anómala en la infraestructura digital actual, y destacó que todas sus plataformas operan con normalidad. De acuerdo con el comunicado, el INE mantiene monitoreo permanente de su red interna en coordinación con su proveedor de ciberseguridad y con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Entre las medidas implementadas para fortalecer la seguridad tecnológica, la autoridad electoral informó que ha reforzado sus protocolos con autenticación multifactor (MFA), además de depurar las cuentas VPN activas y aplicar nuevos controles de acceso para su personal. Estas acciones forman parte de una estrategia integral para prevenir cualquier intento de intrusión o manipulación de información sensible.
El pronunciamiento del INE surge luego de que el especialista en ciberseguridad Ignacio Gómez Villaseñor alertara públicamente sobre una presunta infiltración en los servidores internos del instituto, atribuyendo el ataque a un grupo de hackers denominado “Sc0rp10n”, quienes afirmaron tener acceso a información confidencial y haber sido contratados por un partido político.
Aunque el INE rechazó que exista un ataque vigente, Gómez Villaseñor advirtió que la amenaza no debe minimizarse, ya que, según su análisis, los ciberatacantes habrían logrado instalar en su momento “puertas traseras” (backdoors) que podrían permitir un acceso persistente a los sistemas del organismo. En su declaración, señaló que la información comprometida podría incluir el padrón electoral, credenciales del personal y documentos administrativos, lo que calificó como “un riesgo potencialmente grave para la seguridad democrática del país”.
Ante estas acusaciones, el Instituto Nacional Electoral reiteró su compromiso con la transparencia y la confianza ciudadana, enfatizando que “el INE garantiza la integridad, disponibilidad y seguridad de sus sistemas informáticos”.
Asimismo, la institución destacó que no existe evidencia alguna de manipulación o filtración de datos relacionados con el padrón electoral ni con los procesos administrativos o de prerrogativas partidistas.
El INE reafirmó que mantiene vigilancia constante y protocolos de respuesta ante incidentes cibernéticos, en coordinación con autoridades federales especializadas, con el objetivo de proteger la información electoral y garantizar la confiabilidad de los procesos democráticos en México.
Este caso ha generado debate en el ámbito político y tecnológico, ya que expertos subrayan la necesidad de reforzar la ciberseguridad institucional de cara a los próximos comicios, para evitar vulneraciones que puedan poner en duda la transparencia electoral.
