La senadora Ruth González, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y tipificar la suplantación de identidad como delito grave. La propuesta busca proteger la identidad de las personas en el entorno digital y sancionar el uso indebido de datos personales.
Según la legisladora, el aumento de los delitos cibernéticos y el robo de identidad en los últimos años refleja la necesidad urgente de actualizar la ley. Destacó que la suplantación de identidad no es un fenómeno aislado ni menor; es un delito que amenaza la seguridad y la confianza de millones de personas.
De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), entre 2022 y 2023 los reportes por robo de identidad en México aumentaron más del 200 por ciento. Además, siete de cada diez fraudes registrados en 2023 fueron cibernéticos, lo que representa pérdidas económicas superiores a 20 mil millones de pesos.
La iniciativa propone reformar el Título Noveno del Código Penal Federal mediante la creación de un nuevo Capítulo Tercero, denominado “Delitos contra la Identidad de las Personas”, que incluiría dos figuras principales:
- Suplantación de identidad: sancionará a quien utilice o se apropie ilícitamente de los datos personales de otra persona con el fin de obtener un beneficio, causar un daño o cometer otro delito.
- Falsificación informática: castigará la alteración, introducción o eliminación de datos digitales para presentarlos como auténticos o con efectos legales.
La propuesta también contempla agravantes para quienes cometan estos delitos en circunstancias específicas, como si el responsable es servidor público, si se utilizan documentos o firmas digitales falsas, o si la información personal se transfiere a terceros. Con estas medidas, se busca cerrar las lagunas jurídicas que actualmente favorecen a la delincuencia digital y brindar mayor protección a las víctimas.
Si se aprueba esta reforma, México contaría con un marco jurídico federal específico para enfrentar la suplantación de identidad y los delitos digitales, fortaleciendo así la confianza en el uso de plataformas tecnológicas y la protección de los datos personales.
