El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ha causado indignación y conmoción en todo el país, especialmente después de que saliera a la luz que el propio edil había solicitado apoyo federal para reforzar la seguridad en su municipio días antes de su muerte.
En una entrevista pública, Manzo advirtió con preocupación que temía por su vida, al asegurar que su administración no contaba con los recursos ni el armamento necesario para enfrentar a los grupos del crimen organizado que operan en la región. “No quiero ser un alcalde más de los ejecutados”, expresó en una de sus últimas declaraciones, en las que pidió directamente la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch.
El alcalde solicitó mayor presencia del Ejército y la Guardia Nacional en Uruapan, así como el equipamiento y fortalecimiento de la policía municipal, a la que calificó de vulnerable frente al poder de fuego de los grupos criminales. “No puede ser posible que los delincuentes estén mejor armados que las policías municipales”, señaló con firmeza.
Un ataque en pleno Día de Muertos
El edil fue asesinado a balazos la noche del 1 de noviembre mientras participaba en un evento público del Festival de las Velas, parte de las celebraciones del Día de Muertos en el centro de Uruapan. El ataque ocurrió frente a decenas de asistentes, generando escenas de pánico y confusión.
De acuerdo con los reportes oficiales, un grupo armado abrió fuego directamente contra el alcalde, hiriéndolo de gravedad. Aunque fue trasladado de emergencia a un hospital, murió minutos después. En el lugar, un presunto agresor fue abatido por elementos de seguridad y dos personas fueron detenidas para investigación.
Advertencias ignoradas
El asesinato de Carlos Manzo ocurre apenas días después de que denunciara públicamente la falta de respaldo federal y estatal en materia de seguridad. En su administración, había insistido en que los municipios de Michoacán necesitan coordinación efectiva con las fuerzas armadas para contener la violencia que azota la región.
Su muerte evidencia la vulnerabilidad de los servidores públicos locales, quienes enfrentan la violencia del crimen organizado sin protección suficiente. Diversos sectores políticos y empresariales han exigido una investigación exhaustiva y acciones contundentes del Gobierno federal para frenar la ola de violencia contra alcaldes y funcionarios municipales.
Reacciones nacionales
Tras confirmarse el asesinato, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó el ataque y expresó sus condolencias a la familia del edil. Asimismo, la Concanaco Servytur y la Asociación de Municipios de México (AMMAC) exigieron justicia y medidas firmes para garantizar la seguridad de los alcaldes en todo el país.
Organismos sociales y cámaras empresariales coincidieron en que la inseguridad está afectando no solo a las autoridades, sino también al desarrollo económico, al turismo y a la paz social.
