El gobierno de Estados Unidos anunció el inicio de una investigación federal contra las principales empacadoras de carne del país, luego de que el presidente Donald Trump acusara públicamente a las compañías del sector de manipular los precios y de colusión ilícita para encarecer artificialmente el producto.
De acuerdo con medios nacionales, el Departamento de Justicia (DOJ) abrió una pesquisa antimonopolio para determinar si las grandes corporaciones —Tyson Foods, Cargill Inc., JBS USA y National Beef Packing Company— habrían coordinado estrategias para fijar precios y restringir la oferta de carne en el mercado estadounidense.
Durante los últimos meses, el precio de la carne de res alcanzó niveles históricos, situación que el gobierno atribuye a factores climáticos, como la prolongada sequía que afectó la producción ganadera, pero también a posibles prácticas empresariales irregulares. Trump señaló que “las familias estadounidenses están pagando de más mientras unos pocos se enriquecen”, y exigió a las autoridades “poner fin a los abusos”.
Según datos oficiales, estas cuatro empresas controlan alrededor del 80 % del mercado nacional de carne de res, lo que ha generado preocupación sobre el exceso de concentración económica en la industria. En años anteriores, algunas de ellas ya habían enfrentado demandas por inflar precios mediante la reducción deliberada de la producción, aunque todas negaron haber actuado de manera ilegal.
La fiscal general Pam Bondi confirmó que el Departamento de Justicia investigará si existieron acuerdos ilícitos entre las empacadoras y recordó que las leyes antimonopolio estadounidenses castigan severamente las prácticas de colusión y manipulación de precios. En caso de comprobarse las acusaciones, las sanciones podrían incluir multas millonarias y procesos penales contra los directivos responsables.
El tema también ha encendido el debate político y económico. Organizaciones de productores ganaderos celebraron la apertura del caso, argumentando que las grandes empacadoras ejercen un poder desmedido que perjudica a los pequeños productores, al imponer precios bajos de compra y altos de venta. Por su parte, asociaciones de consumidores demandan medidas inmediatas para detener el alza de precios en supermercados y restaurantes, donde el costo de la carne se ha disparado más del 30 % en lo que va del año.
Analistas señalan que esta investigación podría marcar un precedente en la regulación del sector alimentario, ya que pondría bajo escrutinio las prácticas comerciales de corporaciones que, durante décadas, han operado con poca supervisión federal.
Mientras tanto, la Casa Blanca reiteró que el objetivo no es castigar a la industria, sino garantizar un mercado justo y competitivo, en el que los consumidores no paguen precios inflados por prácticas desleales.
