Hay que decirlo como es: en Estados Unidos no necesitan una sentencia ni un proceso abierto para retirarle la visa a una autoridad. La ley migratoria les permite hacerlo únicamente con sospecha razonable. Y eso ya convierte el caso de Iván Sandoval en un tema nacional e internacional.
Una visa no es un derecho. Es un privilegio. Y la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos permite quitar ese privilegio en cualquier momento si la persona deja de ser confiable. El artículo 221(i) autoriza a revocar la visa de inmediato, sin explicación pública, incluso basándose en información reservada. Y el artículo 212(a) establece que basta con considerar que alguien podría estar relacionado —directa o indirectamente— con actividades ilícitas como corrupción, lavado, crimen organizado, fraude, trata, espionaje o incluso vínculos con terrorismo o financiamiento indebido… para declararlo inadmisible.
Y aquí está lo importante: no se requiere condena. No se requiere carpeta judicial. Ni siquiera se necesitan pruebas públicas. La ley les permite actuar solo con que exista una sospecha fundada o una pérdida de confianza.
Por eso el caso rebasó a San Luis. Estados Unidos no cancela la visa de un alcalde fronterizo por capricho. Lo hace cuando su información —la que no comparten— les indica que esa persona ya no cumple sus estándares. Washington no mueve ese botón por error, y menos tratándose de un funcionario en una ciudad estratégica.
Mientras en México nadie dice nada, la ley estadounidense ya dejó claro lo que aquí no quieren reconocer: cuando se retira una visa así, es porque vieron algo. No importa si aquí no se sabe o no se quiere revelar. Para ellos fue suficiente.
Y queda la pregunta que incomoda y pesa:
Si en EUA basta con una sospecha para cerrar la puerta, ¿qué información tenían ellos que aquí siguen evitando decir?
