En una audiencia clave para el caso del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, Jorge Armando Gómez Sánchez, alias “El Licenciado”, negó tener cualquier relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y aseguró ante el juez que fue víctima de tortura y amenazas por parte de elementos que lo detuvieron el pasado 18 de noviembre.
Durante la audiencia inicial, celebrada este miércoles, Gómez Sánchez emitió un extenso testimonio en el que rechazó su participación en el crimen y argumentó que su detención estuvo llena de irregularidades. Según su versión, fue interceptado en el barrio de San Juan, en el Centro de Morelia, cuando se dirigía a un partido de fútbol de su hijo. Afirmó que agentes lo golpearon, lo sometieron con violencia y lo amenazaron con dañar a su familia, presionándolo para aceptar responsabilidades que —dijo— no le corresponden.
El imputado también explicó que su vida ha transcurrido en el ámbito profesional y familiar, lejos de cualquier organización delictiva. Dijo ser licenciado en Ciencias de la Comunicación y Periodismo, haber trabajado con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde 2012 como contratista, además de desempeñarse como asesor en el Congreso de la Unión en 2018, y recientemente participar en proyectos de obra pública en Santa Ana Maya, Michoacán, municipio de origen de su madre. Subrayó que no conoce a integrantes del CJNG ni ha tenido relación con actividades criminales.
Actualmente, Gómez Sánchez permanece bajo prisión preventiva oficiosa en el penal de máxima seguridad El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras se lleva a cabo el proceso judicial.
Juez definirá hoy si será vinculado a proceso
El juez de control Luis Fernando Díaz Parra deberá resolver hoy si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por homicidio calificado, pues la Fiscalía lo acusa de ser uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del alcalde Carlos Manzo, ocurrido en Uruapan el pasado 1 de noviembre.
En la misma audiencia se definirá también la situación jurídica de siete policías municipales que formaban parte del equipo de escoltas del alcalde. Uno de ellos enfrenta acusación directa por homicidio y los demás por negligencia u omisión al no haber impedido el ataque.
Entre denuncias de tortura y cuestionamientos al proceso
Las acusaciones de tortura y los señalamientos sobre la forma en que fue realizada la detención han generado preocupación entre la defensa y organismos observadores del proceso. El caso se desarrolla en medio de fuertes críticas y exigencias de garantizar un juicio justo, debido a la gravedad de los hechos y al papel mediático que ha tomado la investigación.
La resolución del juez será decisiva para determinar el rumbo del caso, considerado uno de los más relevantes del año en Michoacán por su impacto político y por la violencia que rodeó la muerte del alcalde.
