El país atraviesa una profunda crisis en el manejo del recurso hídrico, luego de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmara que más de 163 mil concesiones de agua están vencidas, lo que equivale al 30.5 % del total de permisos otorgados.
Del total de permisos vigentes, la mayor parte del agua concesionada se destina a la generación de electricidad y a la actividad agrícola, sectores que juntos consumen más del 80 % del volumen nacional autorizado, dejando mínimos recursos disponibles para uso urbano y abastecimiento doméstico.
Diagnóstico de irregularidades e impacto real
De acuerdo con la revisión de concesiones realizada por Conagua, del universo de permisos vigentes al menos 163 689 requieren formalización —prórroga o regularización— debido a que sus beneficiarios no realizaron los trámites correspondientes.
Especialistas advierten que esta falta de vigencia legal genera incertidumbre jurídica, limita el acceso a créditos o subsidios para productores, y pone en riesgo el abastecimiento de agua potable a las ciudades, especialmente en zonas urbanas con alta demanda.
Además, la concentración del consumo en electricidad y agricultura evidencia un desbalance estructural: sectores productivos reciben prioridad sobre el suministro doméstico, lo que intensifica la escasez en áreas urbanas y vulnera el derecho humano al agua.
Medidas en puerta: regularización y recuperación de volúmenes
Ante la emergencia, Conagua ha iniciado un programa de regularización de permisos vencidos, con facilidades administrativas para que pequeños y medianos productores, así como municipios, puedan renovar sus concesiones en un plazo establecido.
También se han realizado inspecciones, clausuras y suspensiones de concesiones irregulares, con el objetivo de frenar el uso ilegal o abusivo del agua y recuperar volúmenes para uso público urbano.
Sin embargo, especialistas y organizaciones civiles advierten que esos esfuerzos podrían no ser suficientes, ante el tamaño de la problemática y la presión creciente sobre recursos hídricos ya limitados.
Una advertencia para el futuro
La crisis de concesiones vencidas y la distribución desproporcionada del agua plantean una seria amenaza para el abastecimiento en las ciudades, para el desarrollo urbano y para la seguridad hídrica nacional. Si no se atiende con urgencia, el desequilibrio puede profundizarse, afectando a millones de personas que dependen del agua para su vida cotidiana.
Es imprescindible que las autoridades garanticen transparencia, prioridad al uso doméstico, regularización efectiva de títulos y una política hídrica sostenible que responda a las necesidades reales de la población.
