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Confirma URA irregularidades en contratos a esposa y suegros de exfuncionario municipal

Equipo RTN Medios

La asociación civil Cajeme Cómo Vamos detectó una serie de contratos y adjudicaciones por un monto aproximado de 3.9 millones de pesos otorgados a la esposa y suegros de un exfuncionario del Ayuntamiento de Cajeme, hechos que derivaron en una investigación administrativa por presuntas faltas graves, misma que ya fue concluida por la Unidad de Responsabilidades Administrativas (URA) del municipio.

De acuerdo con información confirmada por la propia asociación, la URA notificó a finales de enero la conclusión de la etapa de investigación, iniciada tras una denuncia presentada en agosto de 2025, en la que se señalaba al entonces director de Presupuesto y Gasto Público del Ayuntamiento por posibles irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

En entrevista para RTN Medios, el abogado Marco Polanco, integrante del área jurídica de Cajeme Cómo Vamos, explicó que la autoridad administrativa determinó la existencia de presuntos responsables, no solo en el caso del exfuncionario, sino también de su cónyuge y sus suegros, quienes habrían resultado beneficiados con contratos públicos durante el periodo investigado.

Según la notificación oficial, las conductas señaladas podrían constituir faltas administrativas graves, entre ellas conflicto de interés, contratación indebida, abuso de funciones y tráfico de influencias. Las investigaciones confirmaron que las contrataciones se realizaron tanto a través del Comité de Compras del Ayuntamiento como mediante adjudicaciones directas, lo que derivó en la suspensión temporal del funcionario durante los meses de agosto y septiembre de 2025.

Los contratos detectados abarcan un periodo de 2022 a 2024 e incluyen adjudicaciones directas, procedimientos realizados por el Comité de Compras e incluso una licitación pública. Los servicios y bienes contratados comprenden material impreso y audiovisual, lonas, botellas de agua, mobiliario, despensas para personas en situación de vulnerabilidad, así como servicios de mantenimiento de oficinas municipales.

Polanco subrayó que, a diferencia de denuncias anteriores que fueron archivadas, en este caso la URA determinó que los hechos denunciados sí ocurrieron, lo que representa un avance en materia de rendición de cuentas. No obstante, señaló que desde la perspectiva de Cajeme Cómo Vamos, la autoridad administrativa omitió analizar la posible responsabilidad de otros actores, como integrantes del Comité de Compras y la Contraloría Municipal, quienes debieron establecer controles para prevenir conflictos de interés.

El representante legal explicó que la detección de estas irregularidades fue resultado de los ejercicios ciudadanos “¿A dónde va tu dinero?” y “Contratos en la lupa”, impulsados por Cajeme Cómo Vamos y desarrollados por jóvenes estudiantes, quienes analizaron contratos públicos a partir de información disponible en plataformas oficiales, la Plataforma Nacional de Transparencia y solicitudes de acceso a la información. El vínculo familiar entre los beneficiarios y el exfuncionario fue identificado mediante el cruce de información pública, respetando —afirmó— la privacidad de las personas involucradas.

Sobre el estado actual del procedimiento, Polanco indicó que el proceso aún no concluye, ya que tras la etapa de investigación sigue el derecho de audiencia, en el que los presuntos infractores podrán presentar pruebas y ejercer su defensa. Posteriormente, al tratarse de faltas administrativas graves, el expediente deberá ser turnado al Tribunal de Justicia Administrativa, con sede en Hermosillo, instancia que emitirá la resolución final.

Finalmente, señaló que la vía administrativa no es la única opción, por lo que Cajeme Cómo Vamos no descarta impulsar otras instancias, dependiendo del desarrollo del proceso. Entre las posibles sanciones se contemplan la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la prohibición para participar en contrataciones gubernamentales, la inscripción en padrones de sancionados y, en su caso, la reparación del daño a la hacienda municipal.

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