La administración del presidente Donald Trump emitió este viernes una directiva que prohíbe a todas las agencias federales de Estados Unidos el uso inmediato de tecnología de la empresa de inteligencia artificial Anthropic, incluyendo herramientas usadas por el Departamento de Defensa y otras dependencias militares y civiles, tras un conflicto público entre el gobierno y la compañía.
Trump publicó la orden en su plataforma Truth Social, afirmando: “I am directing every agency in the United States Government to immediately cease all use of Anthropic’s technology. We don’t need it, we don’t want it, and will not do business with them again!” Esta medida se aplica de forma inmediata aunque con un periodo de eliminación gradual de seis meses para que agencias como el Pentágono puedan migrar sus sistemas a otros proveedores.
La disputa se originó cuando Anthropic se negó a permitir que sus modelos de IA —como Claude, utilizado en sistemas clasificados del gobierno— fueran accesibles sin restricciones para usos militares y de vigilancia masiva, invocando preocupaciones éticas y de seguridad. Según la empresa, no puede entregar su tecnología para crear armas totalmente autónomas ni para la vigilancia masiva de civiles.
El desacuerdo escaló tras una reunión entre Anthropic y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en la que el Pentágono exigió acceso total a las capacidades de la IA para “todos los usos legales”. Ante la negativa, el Departamento de Defensa amenazó con designar a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro de seguridad nacional, etiqueta que usualmente se reserva para empresas extranjeras y que podría aislar seriamente a la compañía.
Anthropic había firmado en 2025 un contrato de hasta 200 millones de dólares con el Pentágono y otras agencias para proveer capacidades de IA, integrándose incluso en entornos clasificados mediante acuerdos con proveedores de nube como Amazon Web Services. Su tecnología ha sido usada en sistemas de inteligencia y defensa, incluidos análisis de datos y apoyo en operaciones.
La orden de la Casa Blanca ha polarizado al sector tecnológico y político: algunos defensores de la seguridad nacional respaldan el énfasis en la adopción amplia de IA en defensa, mientras que críticos advierten que la presión gubernamental podría socavar los principios éticos y la autonomía de la industria privada.
La medida marca un punto de fricción significativo entre el gobierno de EE. UU. y uno de los principales desarrolladores de IA, y tendrá implicaciones clave para la forma en que se integran y regulan estas tecnologías en aplicaciones militares y federales en los próximos años.
