En 2018, el caso de una niña de 6 años con leucemia en Chihuahua abrió una discusión que, hasta hoy, sigue generando opiniones divididas.
La menor no recibió inicialmente transfusiones de sangre debido a la negativa de su madre, quien era rarámuri y testigo de Jehová, basada en sus creencias religiosas. Ante el riesgo para su vida, el Estado intervino y asumió la tutela temporal para garantizar su atención médica.
La decisión llevó el tema hasta instancias judiciales, donde se resolvió que, en situaciones de riesgo, el derecho a la vida de un menor puede prevalecer sobre la voluntad de los padres.
Desde entonces, el caso ha sido referencia en un debate complejo:
¿Debe priorizarse la libertad religiosa de una familia?
¿O corresponde al Estado intervenir cuando la salud y la vida están en peligro?
Un tema sin posturas únicas, que sigue generando reflexión.
