Equipo RTN Medios
Tras el caso de Leyla Montserrat, menor asesinada en septiembre de 2025 por dos adolescentes, el diputado local, Emeterio Ochoa Bazúa, informó que presentó una iniciativa para reformar la ley nacional y establecer sanciones más severas contra menores de edad que cometan delitos graves.
En entrevista para RTN Medios, el legislador señaló que el actual marco legal limita la actuación de jueces, ya que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes establece sanciones reducidas, incluso en casos de alto impacto.
“El problema no es solo la pena, es que no existe una consecuencia real. La impunidad es lo que está fallando”, expresó.
Recordó que, en el caso de Leyla Montserrat, una de las responsables, de 13 años, lleva su proceso en libertad, mientras que la otra, de 15 años, recibió una sentencia menor a tres años de prisión, lo que generó indignación entre familiares y la sociedad.
Ante este escenario, detalló que la propuesta busca modificar la legislación federal en dos puntos clave: el primero, que en casos de homicidio doloso —cuando exista planeación y agravantes— no haya beneficios y se permita una reclusión de hasta 10 años para menores.
El segundo punto plantea eliminar la disposición que impide mantener a adolescentes privados de la libertad por más de cinco meses sin sentencia, ya que, aseguró, esto se ha convertido en una “oportunidad” para que grupos delictivos utilicen a menores.
“Hoy basta con alargar el proceso para que salgan libres. Eso está siendo aprovechado incluso por el crimen organizado”, advirtió.
Ochoa Bazúa subrayó que la iniciativa fue construida con apoyo de especialistas en derecho penal, integrantes del Poder Judicial y familiares de víctimas, y aunque la materia es federal, el Congreso del Estado funge como cámara de origen para enviar la propuesta al Congreso de la Unión.
El legislador reconoció que el tema generará debate, ya que existen posturas que consideran que el enfoque debe ser la rehabilitación y no el aumento de penas; sin embargo, insistió en que debe existir una consecuencia proporcional a la gravedad de los delitos.
Asimismo, cuestionó la capacidad del sistema actual para reinsertar a menores que cometen actos con alto nivel de violencia.
“Tenemos que garantizar justicia para la víctima. Si no hay consecuencias, el mensaje es que no pasa nada”, puntualizó.
Finalmente, indicó que este caso ha evidenciado la necesidad de actualizar el marco legal ante una realidad donde, dijo, los niveles de violencia en menores han aumentado, por lo que el derecho debe evolucionar conforme a los nuevos contextos sociales.
