Por RTN Digital.- Representantes del PAN, PRI, PRD y Somos acusaron la presunta existencia de una red de influencia dentro de los órganos electorales de Sonora, integrada, según sus señalamientos, por funcionarios que mantienen relaciones laborales, personales y familiares con figuras vinculadas al ámbito político.
Durante una conferencia de prensa, Víctor Ramírez (PAN), René Noriega (PRD), Luis Donaldo Coronado (PRI) y Jesús Ávila Godoy (Somos) señalaron a Nery Ruiz Arvizu, Flor Teresita Barceló Noriega, Jaime Olea Miranda y Wilfrido Vladimir Silva, por sus antecedentes profesionales y presuntos vínculos con personas relacionadas con Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).
También pidieron investigar posibles relaciones de este tipo con Alejandra Velarde Félix y Aurora Guadalupe Gutiérrez Ramírez, integrantes del Tribunal Estatal Electoral, así como con Luis Rogelio Pineda Taddei, secretario particular del gobernador Alfonso Durazo.
“Estamos pidiendo una limpia, estamos pidiendo que se investigue esta red. Curiosamente están insertos en los órganos de decisión”, expresaron.
Los representantes partidistas aclararon que no están determinando responsabilidades, sino que buscan que las autoridades revisen los posibles conflictos de interés que, a su juicio, podrían comprometer la independencia de las instituciones electorales.
Advirtieron también sobre el riesgo de que los consejos municipales y distritales sean integrados por personas con presuntos vínculos con el partido en el poder, lo que, consideran, podría afectar la imparcialidad de los próximos procesos electorales.
Como parte de sus acciones, informaron que ya presentaron una denuncia ante el INE, instancia que tiene facultades para investigar y, en su caso, remover a consejeros de los organismos públicos locales electorales.
Además, cuestionaron la transparencia del Instituto Estatal Electoral de Sonora en la publicación de contratos con proveedores de material electoral. En particular, mencionaron adjudicaciones a la empresa Cajas Graf, entre ellas un contrato por 31 millones de pesos, cuya información, aseguraron, fue incorporada posteriormente a los registros que habían revisado.
Finalmente, los representantes de oposición insistieron en que se investiguen los señalamientos y se garantice que las personas encargadas de organizar y calificar las elecciones sean independientes, con el fin de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones electorales.
