En su conferencia matutina de este 26 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que su gobierno está decidido a frenar prácticas irregulares que, dijo, convierten el agua en un negocio lucrativo que beneficia a unos pocos.
Según la mandataria, hay agricultores con concesiones de riego que obtienen ganancias de hasta 300 millones de pesos al año vendiendo agua concesionada a municipios que no cuentan con recursos, a pesar de que dicha concesión originalmente está destinada a la producción de alimentos.
“Hay distritos que tienen concesionada agua para riego… resulta que no la usan y la venden a los municipios —ganan al año 300 millones de pesos— pues eso no puede ser”, denunció Sheinbaum.
La mandataria subrayó que este tipo de transacciones vulneran no solo la ley vigente, sino también el principio de que el agua debe considerarse un derecho humano y un bien nacional, no una mercancía.
Ante esta situación, el gobierno federal propondrá una reforma legislativa —parte del paquete de la nueva Ley General de Aguas — con el objetivo de acabar con privilegios históricos, impedir la venta de agua a terceros y regular la transmisión de concesiones.
Sheinbaum expresó también que esta reforma no busca perjudicar a los pequeños ejidatarios, sino al contrario, pretende proteger a quienes realmente la necesitan. Detalló que quienes poseen “muchísimas concesiones de agua”, pero no la usan adecuadamente o la venden, deben someterse a una regulación más estricta.
Como parte del plan, el gobierno ofrecerá apoyos y programas de tecnificación del riego a medianos productores, con el fin de fomentar un uso eficiente del recurso. Según Sheinbaum, esos incentivos ayudarán a mantener la productividad agrícola sin permitir el acaparamiento o la especulación hídrica.
La declaración generó reacciones inmediatas: manifestaciones de sectores del campo y advertencias de que la reforma podría afectar tradiciones agrícolas y derechos adquiridos. Sin embargo, el gobierno insiste en que la consulta, los diálogos y el debate legislativo permitirán ajustes, pero se mantendrá firme en el objetivo de garantizar que “el agua sea un bien para todos”.
Con esta iniciativa, México abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el uso, distribución y regulación del agua, un recurso esencial en medio de crisis hídricas, sequías crecientes y desigualdades regionales. El resultado de la reforma marcará —según el gobierno— si se termina con privilegios o si continúa la venta y acaparamiento de un recurso vital para el país.
