El Congreso del Estado de Sonora aprobó la reforma que endurece las sanciones contra quienes cometan robo o daño al patrimonio de los municipios, incluyendo a servidores públicos responsables del resguardo de bienes oficiales.
La iniciativa, impulsada por el diputado local por Cajeme, Raúl Castelo Montaño, contempla penas de seis a 12 años de prisión cuando el daño o robo supere las 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de permitir que estos delitos se persigan de oficio.
Con la reforma también se precisa la definición de patrimonio municipal, incluyendo bienes muebles, inmuebles, infraestructura y equipamiento de los ayuntamientos, con el objetivo de cerrar vacíos legales.
Asimismo, se establece un aumento de hasta un tercio en la pena cuando el responsable sea un servidor público encargado de la custodia de bienes municipales, al considerar el abuso de confianza.
El legislador destacó que los municipios son los más vulnerables en materia de presupuesto y, al mismo tiempo, los más afectados por el robo de infraestructura pública como luminarias, brocales, transformadores y equipamiento urbano.
