El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la ley que prohibirá al Gobernador del Estado otorgar pensiones que no cumplan con los requisitos legales con el objetivo de terminar con abusos cometidos por anteriores gobernadores que otorgaron pensiones vitalicias a personas que en su mayoría no cumplían con lo que establece la Ley para ser beneficiados.
Fue la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales quien presentó el dictamen con proyecto de Ley que adiciona una fracción XIV al Artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Sonora, disposición que se refiere a lo que le está prohibido al titular del Poder Ejecutivo estatal, por lo que la adición dice: “Otorgar pensiones que no cumplan con los requisitos previstos en la Ley”.
El diputado Jacobo Mendoza Ruiz, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, dio lectura al dictamen que se elaboró con base a una iniciativa que el Gobernador del Estado presentó ante esta Soberanía el 28 de octubre de 2021 y en la cual argumenta lo siguiente:
Una vez que concluye la vida productiva de una persona, tiene derecho a gozar de una pensión que le permita vivir en la tranquilidad, este derecho se encuentra establecido en la mayoría de las legislaciones de las entidades federativas, estableciendo los requisitos y montos para acceder a ellas.
Por eso es que resulta injusto que existan acciones de funcionarios públicos que de manera discrecional o sin atribuciones tomen ese derecho en sus manos y otorguen pensiones a personas que no cumplen con los requisitos de Ley para obtener este beneficio.
La dictaminadora consideró que con esta prohibición que se pretende establecer en la Constitución local, se garantizará que, en lo sucesivo, no se afecte por una indebida decisión unilateral del Ejecutivo, el sistema de seguridad social que tanto esfuerzo y recursos le ha costado construir a las y los servidores públicos del Estado.
Una de las consideraciones del dictamen establece que, a pesar de las disposiciones preventivas, tanto en la Constitución Federal como en la Ley del ISSSTESON, no existe una protección legal completa a los recursos que forman parte del fondo y del sistema para el otorgamiento de pensiones, que deben ser en beneficio exclusivo de las y los trabajadores que con sus propios recursos coadyuvan al sostenimiento de dicho sistema, para poder disfrutar de sus frutos cuando llegue su jubilación.
Alfonso Durazo en su momento señaló
“nos encontramos gobernadores anteriores que abusaron de la confianza que les otorgó la ciudadanía y emitieron decretos para otorgar pensiones vitalicias a personas que en su mayoría no cumplían con los requisitos legales para ser beneficiados”.
La Ley será enviada a los 72 ayuntamientos para su aprobación o rechazo, en su caso, por lo que una vez aprobada por la mitad más uno de los cabildos, será enviada a publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado para su entrada en vigor.
