La Guardia Civil detuvo este martes 1 de julio a una mujer de nacionalidad ecuatoriana, de 39 años, acusada de asesinar y descuartizar a su hija recién nacida, de apenas cinco días de vida. El cuerpo de la bebé fue hallado en diciembre pasado en el vertedero de Loeches, en la Comunidad de Madrid. El caso ha conmocionado a la opinión pública española por la crudeza de los hechos y la aparente frialdad con que se cometió el crimen.
La mujer, identificada como Erika, fue arrestada en su vivienda del distrito madrileño de Puente de Vallecas, tras meses de investigación en la llamada Operación Natal. Durante el cateo, los agentes hallaron restos biológicos que confirmarían que la bebé nació y fue asesinada en ese mismo lugar. El padre de la niña, pareja de la detenida, estuvo presente durante el operativo, pero no ha sido imputado.
Los restos de la bebé fueron encontrados el 12 de diciembre de 2024, envueltos en bolsas y mezclados con la basura del vertedero. Los análisis forenses determinaron que nació viva y murió por asfixia o estrangulamiento. Luego, su cuerpo fue seccionado en un intento por ocultar el crimen.
Ausencia de registro y soledad del embarazo
La mujer no acudió a ningún hospital para el parto ni inscribió a la recién nacida en el registro civil. La investigación apunta a que nadie en su entorno sabía del embarazo, y que ella habría actuado sola.
Tras la detención, las autoridades reabrieron un caso de 2004 relacionado con la misma mujer. Cuando Erika tenía 17 años y también residía en España, dio a luz a otro bebé que murió pocos días después de nacer. En aquel entonces, la muerte no fue investigada y el caso se cerró sin responsables. La Guardia Civil ha decidido revisar el expediente para descartar que se tratara también de una muerte provocada.
Reacciones públicas y proceso judicial
La crueldad del caso ha provocado indignación en redes sociales, medios de comunicación y sectores defensores de derechos humanos. La Fiscalía solicitará prisión provisional sin derecho a fianza, mientras avanzan las pruebas de ADN para confirmar la filiación con la bebé hallada.
La detenida enfrenta posibles cargos por homicidio agravado con alevosía y ocultamiento de cadáver, delitos que en España pueden sancionarse con prisión permanente revisable.
Una investigación compleja y hallazgo excepcional
La detención de Erika se logró tras una compleja labor de análisis forense y cruce de datos genéticos, que llevaron a los investigadores hasta ella. Está acusada de un crimen que podría ser tipificado como homicidio agravado con alevosía. Según el Código Penal español, este delito puede ser castigado con prisión permanente revisable (artículo 140.1), figura legal instaurada en 2015 para casos de especial gravedad, como los asesinatos de menores de 16 años.
El vertedero de Loeches, donde fueron hallados los restos, es una de las principales infraestructuras de tratamiento de residuos de la Comunidad de Madrid. Recibe diariamente cerca de 2 mil toneladas de basura y da servicio a más de 30 municipios. Que los restos hayan sido localizados allí fue considerado por los investigadores como un hallazgo excepcional, dada la magnitud del volumen procesado.
La Operación Natal fue realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, especializada en crímenes complejos. Durante la investigación, se emplearon tecnologías de rastreo biológico y análisis de ADN que, tras meses de cotejos, permitieron establecer la coincidencia genética entre los restos de la bebé y la mujer detenida. Aunque los restos fueron encontrados en diciembre de 2024, el proceso de identificación se completó hasta junio de 2025, lo que explica la demora en la detención.
Reapertura de un caso antiguo y contexto legal
Respecto al antecedente de 2004, el caso fue archivado como una muerte natural, sin autopsia concluyente ni investigación penal. Sin embargo, ante los hechos actuales, la Fiscalía General del Estado ha ordenado su reapertura para una reevaluación forense con técnicas actuales, bajo la hipótesis de un posible patrón criminal.
El hecho de que la madre no registrara el nacimiento ni acudiera a un centro médico supone una violación del artículo 45 de la Ley del Registro Civil, que establece un plazo de 72 horas para inscribir cualquier nacimiento. Esta omisión ha sido identificada por organismos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como un factor de riesgo en casos de infanticidio, especialmente cuando existe aislamiento social o negación del embarazo.
En España, los casos de neonaticidio asesinato de un recién nacido por parte de su madre, generalmente dentro de las primeras 24 horas tras el parto son extremadamente raros. No obstante, han recibido atención académica y judicial. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2010 y 2023 se documentaron menos de diez casos en todo el país, lo que acentúa el impacto social del caso actual.
Fuente: Excelsior.
