El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló que varios de los 26 reos extraditados a Estados Unidos continuaban operando actividades criminales desde prisión e incluso existía el riesgo de que fueran liberados.
Durante conferencia de prensa, García Harfuch señaló que los internos habían obtenido amparos y resoluciones judiciales que les permitían permanecer en cárceles de baja seguridad o ser trasladados a penales estatales con menor vigilancia. Esto, dijo, facilitaba que siguieran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otras actividades ilícitas.
“Muchos de ellos consiguieron amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad, e incluso había litigios que buscaban su liberación anticipada. De haberse concretado, hubiera significado un retroceso en la lucha contra el crimen y un agravio para las víctimas”, afirmó.
¡Ni presos dejaban de mandar! Varios de los 26 capos extraditados a #EstadosUnidos seguían operando sus redes criminales desde la cárcel, aprovechando visitas y amparos para estar en prisiones de baja seguridad. Omar García Harfuch, titular de la @SSPCMexico, señaló que los
El funcionario explicó que las visitas autorizadas por ley —por respeto a sus derechos humanos— eran aprovechadas por los delincuentes para instruir operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación.
García Harfuch precisó que el operativo de traslado se realizó en coordinación con el Gabinete de Seguridad, sin incidentes y con pleno respeto a los protocolos institucionales y derechos humanos de los extraditados. En la movilización participaron 988 elementos y 91 vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), SSPC y Fiscalía General de la República (FGR).
El traslado se efectuó desde la Base Aérea Militar No. 1 en 12 aeronaves oficiales, con destino a Nueva York, California, Arizona y Virginia.
La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que no habrá obstáculos legales que impidan la cooperación en materia de extradiciones, en el marco de la estrategia nacional de seguridad y la política de cero impunidad.
