Productores y organizaciones del campo en Chihuahua advirtieron que la nueva reforma en materia de agua profundiza el centralismo del sistema hídrico nacional y pone en riesgo la viabilidad económica del estado, al retirar a las comunidades su derecho a decidir sobre el uso del recurso.
De acuerdo con su posicionamiento, México ya operaba bajo uno de los modelos más centralizados del hemisferio, con CONAGUA como autoridad única. Sin embargo, señalan que la reforma da un paso aún más extremo: prohíbe la transferencia de concesiones, obliga a que todas regresen al Estado y otorga mayor poder discrecional al gobierno federal para determinar quién accede al agua y quién queda sin ella.
Aunque la iniciativa afirma buscar “proteger el agua de la nación”, productores aseguran que, en un contexto de corrupción e impunidad, la centralización absoluta de un recurso escaso abre la puerta al uso político del agua. “Una oficina pone la mano en la llave y todos los demás se tienen que arrodillar para beber”, advirtieron.
Recordaron que Chihuahua presenta condiciones únicas para la producción agrícola y ganadera, por lo que resulta preocupante que decisiones críticas se tomen desde un escritorio en la Ciudad de México, por funcionarios que —señalan— desconocen los riesgos, la complejidad y la fragilidad de las cadenas de suministro que alimentan al país.
Los productores enfatizaron que quitar la posibilidad de transferir concesiones devalúa de inmediato el patrimonio de miles de familias y ranchos, acumulado durante generaciones, dejando la supervivencia del campo en manos de una burocracia distante. “Es un golpe directo al corazón de Chihuahua”, expresaron.
También denunciaron que los abusos de poder en CONAGUA no son hipotéticos, pues durante años se han retenido trámites para obligar a los usuarios a recurrir a sobornos. La reforma, afirmaron, “refuerza un modelo ya fallido”.
Aunque reconocieron que los acuíferos requieren soluciones de largo plazo y que el uso responsable del agua debe ser prioridad, rechazaron que ello implique “castigar a quienes alimentan al país”. Por ello insistieron en que Chihuahua necesita un espacio real en la mesa de decisiones, y que cualquier cambio legislativo debe considerar la realidad económica, climática y productiva del estado más grande de México.
“Proteger el agua —sí. Destruir la economía y entregar todo el poder a la Ciudad de México —no”, concluyeron.
