Familiares de personas privadas de la libertad se manifestaron la madrugada del martes 3 de febrero en las inmediaciones del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Hermosillo, como parte de una movilización pacífica convocada a través de redes sociales para denunciar presuntas irregularidades en procesos penales.
La convocatoria citaba a las 6:30 de la mañana con un llamado dirigido a quienes consideran que sus familiares se encuentran detenidos de manera injusta. El punto de reunión fue la entrada principal del Cereso, desde donde los asistentes partieron caminando hacia los juzgados, sin realizar bloqueo de calles. A los participantes se les pidió acudir con gorra y cubrebocas.
Durante el recorrido, el contingente avanzó portando carteles con consignas como “Jueces verdugos”, “Ya basta de malas prácticas en los procesos de los internos” y mensajes dirigidos a la Fiscalía General de Justicia del Estado, a la que acusan de priorizar el incremento de causas penales aun cuando —señalan— existen imputados inocentes.
Tras la movilización, integrantes del colectivo Todos Somos Uno informaron que se lograron avances en el diálogo con autoridades estatales. Laura Valencia, representante del colectivo, explicó que sostuvieron un primer acercamiento con funcionarios de la Fiscalía y de la Secretaría de Gobierno, quienes aceptaron abrir una mesa de trabajo para revisar los casos expuestos.
La reunión formal fue programada para este miércoles a las 11:00 horas en el Palacio de Gobierno, donde el colectivo presentará expedientes completos, causas penales y la cronología de cada situación, con el compromiso de que los asuntos serán analizados caso por caso.
Valencia detalló que actualmente el colectivo acompaña alrededor de 160 personas, entre hombres y mujeres, tanto privadas de la libertad como imputadas que enfrentan procesos en libertad. Aseguró que, aunque no todas se encuentran recluidas, muchas están en riesgo por la forma en que se han integrado sus expedientes.
Indicó que cerca del 90 por ciento de los casos están relacionados con presunta siembra de droga, mientras que son mínimos los señalamientos por armas u otros delitos. También mencionó procesos por violencia familiar en los que, afirmó, las supuestas víctimas no ratifican las denuncias, sin que dichas declaraciones sean tomadas en cuenta por las autoridades.
El colectivo también documenta casos de robo sin pruebas suficientes, en los que —aseguran— se han dictado sentencias de hasta 20 años de prisión, sustentadas únicamente en identificaciones imprecisas o fotografías.
De acuerdo con la información recabada, alrededor del 80 por ciento de los expedientes corresponden a 2025, con algunos casos de 2024 y uno de 2022 que aún espera sentencia. Aunque no se estableció un plazo, se informó que las carpetas entregadas recibirán prioridad, especialmente las de quienes participaron en la manifestación.
Valencia señaló que el colectivo dará seguimiento permanente a cada expediente y subrayó que no buscan privilegios, sino atención a necesidades básicas dentro de los centros penitenciarios, como medicamentos, estudios, desintoxicación y opciones reales de rehabilitación.
Finalmente, hizo un llamado a personas de cualquier parte del estado o del país a acercarse al colectivo y puso a disposición el teléfono 662 517 48 94. Como ejemplo, mencionó el apoyo brindado a un joven originario de Puebla, quien logró regresar a su estado con respaldo institucional.
El colectivo reiteró que continuará visibilizando lo que consideran injusticias dentro del sistema de justicia, con el objetivo de generar cambios de fondo en el trato y los procesos que enfrentan las personas privadas de la libertad y sus familias.
