El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco acusó este lunes que el caso del rancho Izaguirre, identificado como un sitio de exterminio localizado en marzo del año pasado, ha sido abandonado por las autoridades y enfrenta graves irregularidades en su investigación.
A través de un posicionamiento difundido en redes sociales y dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, la organización afirmó que no se han realizado cateos suficientes, persisten líneas de investigación sin atender y ningún funcionario ha sido judicializado, a pesar de que aseguran existen elementos probatorios suficientes.
El colectivo explicó que durante meses optaron por guardar silencio para no entorpecer las indagatorias y porque mantenían confianza en las instituciones. Sin embargo, señalaron que lo único que han recibido ha sido abandono, omisiones y desinformación.
“Hoy, el rancho Izaguirre se encuentra totalmente abandonado”, advirtieron, acompañando el mensaje con imágenes que, aseguran, evidencian el estado actual del lugar.
Además, alertaron sobre el riesgo de que las personas detenidas queden en libertad, debido a presuntas irregularidades como la filtración de información desde la Fiscalía General de la República (FGR) hacia el crimen organizado. También denunciaron que se les ha negado reiteradamente el acceso a la carpeta de investigación, la cual según indicaron fue cerrada tras la salida de la anterior fiscal de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada.
Guerreros Buscadores de Jalisco afirmó que, pese a haber enviado una carta detallada tanto a la presidenta Sheinbaum como al exfiscal Alejandro Gertz Manero, sus señalamientos fueron ignorados.
“Hoy sabemos que la información que ha llegado a la presidenta es falsa”, subrayaron, al calificar su pronunciamiento como un “último grito de esperanza” por las víctimas y por las personas que continúan desapareciendo.
Finalmente, el colectivo reveló que testigos clave, con información sensible sobre el caso, tuvieron que huir a Estados Unidos por temor, luego de no recibir protección ni atención de las autoridades.
“No queremos que la verdad se fugue”, concluyeron, al insistir en que el país no puede normalizar la existencia de centros de exterminio abandonados.
