Un reportaje publicado por The Washington Post reveló que, a inicios de este año, funcionarios de la Administración de Control de Drogas (DEA) discutieron propuestas para realizar ataques militares en territorio mexicano contra los cárteles de la droga, incluyendo asesinatos selectivos de líderes y ataques a infraestructura.
Estas conversaciones, aunque conceptuales y sin un marco legal definido, alarmaron a la Casa Blanca y al Pentágono, por el riesgo de violar la soberanía de México y la falta de autorización del Congreso para este tipo de operaciones.
¿Por qué la DEA consideró acciones militares?
Durante su primer mandato, el expresidente Donald Trump clasificó a grupos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organizaciones terroristas extranjeras, lo que llevó a algunos funcionarios de la DEA a argumentar que podían ser tratados como objetivos militares, al igual que grupos terroristas en Medio Oriente.
Sin embargo, funcionarios del Pentágono y asesores legales aclararon que esta clasificación no otorga automáticamente autoridad para uso de la fuerza militar, generando tensiones internas sobre el alcance legal y político de esta medida.
Riesgos legales y operativos señalados por el Pentágono
Entre las objeciones planteadas dentro del gobierno estadounidense destacan:
- Ausencia de autorización del Congreso para el uso de fuerza en México.
- Riesgo de bajas civiles o de ciudadanos estadounidenses durante las operaciones.
- La existencia de herramientas legales ya vigentes, como el Título 14, que permite a la Guardia Costera actuar en operaciones de interdicción en aguas internacionales, sin necesidad de incursiones militares en suelo mexicano.
El rol del Congreso y nueva propuesta legislativa
El debate se intensifica mientras legisladores republicanos impulsan una iniciativa para autorizar expresamente el uso de la fuerza militar contra los cárteles. Según el borrador revisado por The Washington Post, el presidente podría aplicar “toda la fuerza necesaria y apropiada” contra organizaciones o personas calificadas como narcoterroristas.
Además, la propuesta amplía el concepto de “actividad narcoterrorista” a cualquier acción ligada a las drogas que afecte la seguridad nacional, pública o la estabilidad internacional.
Acciones recientes muestran postura firme de EE.UU.
Aunque los planes de intervenir militarmente en México no se han ejecutado, el medio recuerda que este mes Estados Unidos lanzó ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar droga desde Venezuela en el Caribe, evidenciando que la administración estadounidense sigue abierta al uso de fuerza letal, pese a las dudas legales internas.
México reitera defensa de su soberanía
Ante estos reportes, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró la exigencia de respeto a la soberanía mexicana. Su gobierno ha propuesto una reforma constitucional para prohibir cualquier tipo de interferencia extranjera, y ha desplegado 10 mil soldados en la frontera norte como parte de un plan de reforzamiento de seguridad.
Desde la DEA, el entonces administrador interino Derek S. Maltz reconoció los esfuerzos de México en detenciones e incautaciones, pero sostuvo que “se debe hacer mucho más” para frenar a los grupos criminales.
Un debate que sigue abierto
El futuro de esta polémica dependerá de si el Congreso estadounidense aprueba o no una autorización formal de uso de la fuerza contra los cárteles. Mientras tanto, la cooperación bilateral en seguridad enfrenta el desafío de equilibrar la acción conjunta con el respeto mutuo entre naciones.
