En un presunto caso de desvíos millonarios que involucra al gobierno de Nuevo León, el DIF estatal ha desembolsado 820 millones de pesos en 14 pagos a Comercializadora “Don Cacahuato”, una empresa contratista. Este proveedor, que suministra despensas y desayunos escolares, es parte de “Grupo Cimarrón”, propiedad de Teodoro Martínez Ramos y Teodoro Martínez Ruiz.
En septiembre de 2023, una subsidiaria de Grupo Cimarrón, “Distribuidora Damago”, transfirió 4.6 millones de pesos a Firma Jurídica y Fiscal Abogados, el despacho del gobernador Samuel García Sepúlveda y su padre, Samuel García Mascorro. La conexión entre estas transacciones y el despacho del gobernador fue revelada por el medio Latinus.
Durante la gestión de Miguel Sánchez en el DIF de Nuevo León, una gran parte de los contratos fueron otorgados a Comercializadora “Don Cacahuato”. Sánchez, quien trabajó durante ocho años en Firma Jurídica y Fiscal Abogados antes de ocupar su puesto gubernamental, fue removido de su cargo en junio de 2022 sin anuncio público. Actualmente enfrenta un proceso judicial relacionado con negligencia en un caso de asesinato en el DIF Fabriles.
El caso de Comercializadora “Don Cacahuato” no es aislado. Miguel Ángel Rojas Galván, ex empleado de Firma Jurídica y Fiscal Abogados y actual director Jurídico Tributario del gobierno estatal, asignó contratos por 140 millones de pesos a “ECM Soluciones Fiscales“, una empresa que comparte domicilio con el despacho del gobernador. “ECM” fue contratada para litigios fiscales, una función que debería desempeñar la oficina de Rojas Galván.
Además, entre octubre de 2021 y noviembre de 2023, el gobierno de Nuevo León adjudicó contratos por 964.7 millones de pesos a Suministro “MYR”, una empresa de servicios de alimentación a penales y organismos públicos. Esta compañía, a su vez, pagó 202.9 millones de pesos a “Firma Jurídica y Fiscal Abogados“, representando el 21% del monto de contratos estatales asignados a Suministro “MYR”.
Investigaciones señalan que desde el inicio de la administración de Samuel García en 2021, los ingresos de sus despachos jurídicos se triplicaron, pasando de 632 millones de pesos facturados de 2015 a 2021, a 1,781 millones de pesos facturados entre 2021 y 2024. Este aumento significativo plantea serias dudas sobre la transparencia y la legalidad de las operaciones financieras del gobierno estatal bajo la administración de García.
