La Embajada de los Estados Unidos en Venezuela advirtió a cualquier ciudadano estadounidense o residente legal en EE.UU. que se abstenga de viajar o permanecer en territorio venezolano, debido a los graves riesgos asociados: “detención ilegal, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, prácticas policiales injustas, delitos violentos y disturbios civiles”.
En los días previos, Estados Unidos intensificó su presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, duplicando la recompensa por información que conduzca al arresto a su arresto, elevándola a 50 millones de dólares.
La fiscal general, Pam Bondi, lo calificó como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y una amenaza para la seguridad nacional, acusándolo de colaborar con grupos como el Tren de Aragua, el Cartel de los Soles y el cártel de Sinaloa.
Hasta la fecha, EE.UU. ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluyendo aviones privados y vehículos, además de decomisar cerca de 30 toneladas de cocaína, de las cuales casi siete toneladas han sido atribuidas directamente al mandatario venezolano.
Este martes, EE.UU. ordenó el despliegue de tres destructores Aegis (USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson), junto con unos 4 000 marines, aviones espía tipo P-8, submarinos y lanzamisiles, en aguas del Caribe cercanas a Venezuela. Según el Pentágono, la operación forma parte de una estrategia antidrogas contra carteles latinoamericanos.
A medida que los destructores estadounidenses se acercaban a la costa venezolana, el gobierno chino expresó su oposición a cualquier acción que viole la soberanía de Venezuela y respaldó la postura de Maduro.
Al siguiente día, Nicolás Maduro reaccionó anunciando la activación de 4,5 millones de milicianos en todo el país bajo un “plan especial de defensa”. Dijo que estarían “preparados, activados y armados” para enfrentar cualquier amenaza externa, acusando a Washington de intentar una agresión imperialista.
