Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), apoyados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, detuvieron este martes en el municipio de Iguala a Mauro Antonio “N”, quien se desempeñaba como director de Tránsito Municipal, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y su vinculación con el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrido en septiembre de 2014.
La captura se realizó en un cateo a un inmueble ubicado en el fraccionamiento Villas del Rey, donde también fue asegurado material relacionado con la investigación. Durante el operativo, los agentes decomisaron dos armas de fuego, diversos cartuchos, un cargador, dosis de droga y equipos de comunicación, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público Federal como parte de las evidencias recabadas.
Las investigaciones señalan que Mauro Antonio “N” estaría involucrado en la trama criminal vinculada con el ataque en Iguala el 26 de septiembre de 2014, cuando estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron interceptados, agredidos y, en la noche de ese día, 43 de ellos desaparecieron en hechos que conmocionaron al país y generaron múltiples líneas de investigación federal, estatal y de derechos humanos.
De acuerdo con las líneas de indagatoria, el exfuncionario habría hecho uso de un equipo telefónico que pertenecía a uno de los normalistas desaparecidos el 27 de septiembre de 2014, un elemento que forma parte de la evidencia que se está analizando para esclarecer su posible participación en los hechos.
Tras su captura en Guerrero, Mauro Antonio “N” fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien determinará su situación jurídica y formulará los cargos correspondientes ante un juez federal.
Las autoridades han enfatizado que la detención es el resultado de trabajos de investigación y seguimiento que forman parte de la nueva fase de indagatorias del caso Ayotzinapa, que busca ampliar la acción penal contra servidores públicos y otros presuntos implicados en la desaparición de los estudiantes.
