La Fiscalía General de la República (FGR) detectó que los sobrinos políticos del almirante y exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, estarían implicados en una red de corrupción y operaciones con recursos ilícitos.
Se trata del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, quienes, según la investigación, habrían participado en el lavado de dinero proveniente del huachicol fiscal, además de delitos de defraudación fiscal y corrupción, de acuerdo con la causa penal 325/2025.
El expediente judicial detalla que los ingresos legales de ambos marinos no corresponden con su estilo de vida, caracterizado por gastos millonarios, compras en efectivo y transacciones inmobiliarias sospechosas.
Entre los hallazgos destacan:
- Operaciones irregulares de compraventa de inmuebles, vehículos de lujo y seguros.
- Depósitos y retiros atípicos que superan los ingresos reportados ante la Secretaría de Marina.
- Bienes simulados mediante ventas ficticias entre familiares.
En el caso de Manuel Roberto, su nómina entre 2020 y 2024 ascendió a 12.1 millones de pesos, pero realizó depósitos y compras que superan ampliamente esa cantidad.
Por su parte, Fernando declaró ser socio de empresas, sin emitir comprobantes fiscales, y sus gastos en 2023 y 2024 excedieron por 5.6 millones de pesos sus ingresos oficiales.
Actualmente, Manuel Roberto Farías Laguna está detenido en el penal federal del Altiplano desde el 2 de septiembre, mientras que Fernando permanece prófugo desde el 2 de octubre, luego de perder una suspensión judicial.
La FGR rastreó miles de llamadas telefónicas que los vinculan con operaciones ilegales en zonas navales y aduanas, incluyendo Veracruz, Sonora, Baja California, Colima, Jalisco, Dos Bocas y Guaymas.
A ambos se les imputan los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y corrupción.
El proceso judicial continuará en el penal del Altiplano, donde se determinará la situación jurídica de los implicados. Según la FGR, el caso podría involucrar a una red más amplia de servidores públicos, civiles y empresarios dedicados al tráfico de hidrocarburos y otras operaciones ilegales.
