El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que la eliminación reciente de una lista de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos no fue decisión del gobierno mexicano, sino un error atribuido a las autoridades estadounidenses.
En dicha lista figuraban el cártel de “La Mayiza” y la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, señalada como presunta colaboradora de esa red criminal, según informó El Imparcial.
García Harfuch aclaró que México no intervino en la decisión del retiro de nombres, enfatizando que “fue un error de Estados Unidos”, al ser cuestionado por medios de comunicación.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la versión del funcionario y reiteró que el gobierno mexicano actúa únicamente con base en investigaciones propias y fuentes oficiales. Sheinbaum explicó que Estados Unidos envía información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o a la Secretaría de Hacienda, que posteriormente realizan sus propias verificaciones e investigaciones.
Antecedentes del caso
El 18 de septiembre, el Departamento del Tesoro de EE. UU. publicó un organigrama digital donde se vinculaban cinco personas y 15 empresas presuntamente utilizadas para lavado de dinero en Baja California. Entre los señalados estaban la diputada Brown, un individuo identificado como Mario Alberto Herrera Sánchez, y varias empresas en Playas de Rosarito, acusadas de servir como fachadas del cártel de “La Mayiza”.
Días después, el documento fue retirado del sitio oficial, luego de detectarse errores en la identificación de algunos implicados. Uno de los afectados fue un barbero de Ensenada, cuya fotografía fue usada erróneamente por compartir nombre con uno de los acusados. El afectado denunció públicamente que los datos no le correspondían y exigió una rectificación inmediata.
Relevancia política y jurídica
Este episodio evidencia las tensiones entre México y Estados Unidos en materia de sanciones y cooperación contra el crimen organizado, además de plantear cuestionamientos sobre los mecanismos de verificación de datos y la publicación de información oficial por parte de las agencias estadounidenses.
En palabras de analistas, el caso subraya la necesidad de fortalecer los canales diplomáticos y la revisión conjunta de información sensible, especialmente cuando involucra a funcionarios públicos y organismos internacionales.
