Cinco de los siete Gobernadores Tradicionales Guarijíos hicieron un enérgico llamado para que sean liberadas las oficinas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en San Bernardo, al señalar que la toma no forma parte de ningún acuerdo comunitario y afecta directamente a las comunidades de la región.
Ernesto Macario Rodríguez, de Los Estrados; Benito Armenta Ciriaco, de Guajaray; Armando Enríquez Enríquez, de San José; Raúl Enríquez Cautivo, de Mesa Colorada, y Pedro Buitimea Armenta, de Los Bajíos, recordaron que en las mesas de trabajo del Plan de Justicia se establecieron las acciones prioritarias, por lo que hicieron un llamado a la congruencia y al respeto de dichos acuerdos.
Los Gobernadores exigieron a Héctor Zaila Enríquez actuar con prudencia y madurez, y sumarse a los consensos alcanzados por la mayoría.
“No estamos participando ni cuentan con nuestro apoyo. Hacemos un llamado al diálogo respetuoso, a que desistan de esta acción y liberen las oficinas”, reiteraron.
Advirtieron que, de no levantarse la toma, quedará en evidencia que esta movilización responde a intereses personales y no colectivos.
Las autoridades tradicionales subrayaron que los más afectados han sido los propios Guarijíos, pues el Centro Coordinador del INPI funciona como casa y refugio para personas de comunidades apartadas y vulnerables, enclavadas en la sierra.
Finalmente, solicitaron a las autoridades federales, estatales y municipales tomar en cuenta su pronunciamiento y coordinar directamente con ellos cualquier acuerdo o acción relacionada con la comunidad Guarijía.
