Este 21 de agosto, uno de los tres Poderes del Estado mexicano interrumpió sus funciones: por primera vez en la historia del país, el Poder Judicial entró en un paro indefinido, en protesta por la reforma judicial impulsada por el Gobierno saliente.
De acuerdo con el ente convocante de la huelga, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), se suspenden las actividades “para exigir a las fracciones parlamentarias del Congreso que detengan el actual proceso de reforma, dadas sus tantas imperfecciones, para reencauzar la discusión pública hacia una reforma integral bien meditada”.
La reforma presentada en febrero de 2024 por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador podría ser votada en septiembre, y, dada la amplia mayoría de la coalición oficialista en el Poder Legislativo, es probable que sea ratificada.
“El paro es la culminación de un proceso de enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que ya dura seis años, y esta reforma llevó a los jueces y magistrados a la decisión límite de detener sus labores para defender sus trabajos y la integridad del Poder Judicial”, señala el Dr. Julio Ríos Figueroa, profesor del Departamento Académico de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
“Esta medida de fuerza es inédita”, agrega la Dra. Karina Ansolabehere, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La huelga “no es un repertorio usual en la judicatura y, por ello, tiene un efecto simbólico muy fuerte”, explica.
En entrevista con DW, la académica resalta la consigna de los huelguistas, que daría cuenta del nivel de enfrentamiento y la situación desesperada del Poder Judicial: en defensa de “la República, la independencia judicial y la división de poderes para garantizar el futuro de las generaciones venideras”.
De aprobarse la reforma propuesta por el presidente López Obrador, a partir de 2025, los mexicanos podrán elegir en las urnas a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como al 50 por ciento de los jueces en todo el país.
El mandatario insiste en que su iniciativa no va dirigida contra los funcionarios judiciales en general, sino que busca eliminar la corrupción y los privilegios, sobre todo, en las altas esferas del Poder Judicial.
No obstante, en opinión del politólogo Ríos Figueroa, la reforma es “incorrecta”, porque no ayuda a combatir la corrupción: “El principal foco de la corrupción, tanto en el sistema de Justicia como en la sociedad, está en las fiscalías, pero ese aspecto no se toca con la reforma”, dice a DW.
Además, agrega, es necesario mejorar el acceso a la Justicia si se busca democratizarla, como argumenta el Gobierno.
El partido oficialista Morena tampoco depende de la reforma para controlar el Poder Judicial, prosigue el entrevistado, porque sus amplias mayorías le permitirían tener influencia en los futuros nombramientos en la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal.
Los huelguistas critican sobre todo la posible sustitución de las personas que actualmente integran el Poder Judicial y los procesos de selección: “La reforma implica cambiar radicalmente las formas de reclutamiento de las personas impartidoras de Justicia”, observa la investigadora Karina Ansolabehere.
El sistema actual de concursos profesionales sería reemplazado por uno en el que las autoridades judiciales serán elegidas por voto popular a partir de candidaturas aprobadas por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, explica a DW Stephanie Brewer, directora para México de la organización de derechos humanos estadounidense WOLA.
FUENTE: DW.
