TEPIC, NAYARIT – El estado de Nayarit se encuentra sumido en un escándalo de proporciones mayúsculas tras el hallazgo de una fosa clandestina con restos humanos dentro del propio corralón de la Fiscalía General del Estado. El suceso ha provocado una ola de indignación y terror entre la ciudadanía, señalando directamente a las instituciones encargadas de procurar justicia.
Madres Buscadoras denuncian cerco informativo y opacidad
Colectivos de familias de personas desaparecidas, quienes realizaron el hallazgo inicial, han denunciado públicamente al Gobernador del Estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, por intentar ocultar el caso a toda costa. Según las activistas, el mandatario estatal ha girado instrucciones precisas para:
Restringir el acceso: Se ha prohibido la entrada de las Madres Buscadoras al corralón donde se localizan los cuerpos.
Monopolio de la investigación: El Ejecutivo estatal insiste en que solo la Fiscalía local actúe en el sitio, excluyendo la participación ciudadana.
Censura mediática: Los colectivos acusan al Gobierno de pagar a diversos medios de comunicación para silenciar el escándalo y evitar que la noticia trascienda a nivel nacional.
El conflicto: «No pueden ser juez y parte»
Ante la desconfianza legítima hacia las autoridades locales, las familias de las víctimas exigen la intervención inmediata de la Fiscalía General de la República (FGR). El argumento de las buscadoras es contundente: el Gobierno del Estado no puede investigarse a sí mismo en un predio que está bajo su control operativo.
«Lo que están haciendo es desaparecer las evidencias. No confiamos en la Fiscalía del Estado porque la fosa está en su propia casa», declararon representantes de los colectivos durante una de las protestas permanentes frente a las instalaciones oficiales.
