Con el propósito de consolidar una cultura de salud mental, autocuidado, educación emocional y corresponsabilidad comunitaria, el diputado René García Rojo (PT) presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Prevención, Tratamiento, Rehabilitación y Control de Adicciones.
Durante la sesión ordinaria de este martes, el legislador explicó que la propuesta busca armonizar la legislación estatal con la Ley General de Salud, la cual, tras su reforma en 2022, incorporó de un enfoque integral de salud mental y adicciones bajo los principios de universalidad, equidad, no estigmatización y atención comunitaria.
García Rojo destacó que la iniciativa representa un paso importante hacia la construcción de un sistema de atención más humano y efectivo, que priorice la prevención, el acompañamiento y la rehabilitación.
La propuesta actualiza conceptos fundamentales, como el de “adicción o trastorno adictivo”, para incluir las llamadas adicciones conductuales, entre ellas la ludopatía o el uso problemático de videojuegos y redes sociales. Asimismo, define los productos de nicotina y tabaco conforme al marco federal, con el fin de dar mayor claridad y coherencia a las disposiciones locales.
En materia educativa, busca que las escuelas fortalezcan los programas de acompañamiento psicoeducativo, detección temprana e intervención breve, promoviendo el respeto a la confidencialidad de los estudiantes y evitando cualquier tipo de sanción o estigmatización.
El legislador subrayó que también se actualizan disposiciones referentes a los centros de rehabilitación, los cuales deberán cumplir con la Norma Oficial Mexicana correspondiente, inscribirse en un padrón público y operar bajo estricta supervisión sanitaria, a fin de garantizar condiciones dignas y seguras para las personas que reciben tratamiento.
También se crea la Historia Clínica Única Estatal, interoperable con el Sistema Estatal de Información en Salud Mental y Adicciones, para asegurar continuidad de atención, trazabilidad de casos y transparencia en los resultados.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su análisis y dictaminación.
