A más de siete años de los hechos, el caso de Vanessa Dib Velázquez continúa evidenciando graves fallas del sistema de salud pública en México. En septiembre de 2018, la joven acudió a la Clínica 9 del IMSS en Querétaro para el retiro de un dispositivo intrauterino (DIU) traslocado. El procedimiento se realizó sin estudios médicos previos ni seguimiento adecuado, lo que derivó en una infección severa que avanzó hasta provocar sepsis.
La atención tardía y los diagnósticos erróneos ocasionaron un deterioro irreversible en su salud: Vanessa sufrió tres paros cardíacos, perdió la matriz y fue sometida a la amputación de ambas piernas para salvarle la vida.
En 2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 118/2022, al acreditar violaciones al derecho a la salud, a la integridad personal y a la salud reproductiva, señalando responsabilidad directa del IMSS. Sin embargo, al iniciar 2026, la víctima ha denunciado públicamente que la reparación del daño sigue siendo incompleta.
La institución ofreció una indemnización considerada insuficiente y no ha garantizado plenamente prótesis adecuadas, rehabilitación integral ni una compensación acorde al impacto físico, emocional y social sufrido.
El caso de Vanessa Dib se ha convertido en un símbolo nacional de negligencia médica, poniendo en evidencia la lentitud institucional, la falta de protocolos seguros en procedimientos ginecológicos y la urgente necesidad de mecanismos efectivos de justicia y reparación para las víctimas del sistema de salud pública.
