La brutalidad ejercida por agentes del ICE y por policías que actúan bajo una lógica de discriminación racial no puede seguir tratándose como un hecho aislado ni como un simple “exceso” de autoridad.
Las imágenes de un policía sometiendo con violencia a una niña afroamericana, mientras ella le suplica una y otra vez que se detenga, han provocado indignación y reavivado el debate sobre el uso excesivo de la fuerza y la persistencia del racismo en Estados Unidos.
Estos hechos obligan a reflexionar sobre las consecuencias de políticas y discursos que, lejos de fomentar la convivencia, alimentan la polarización, el miedo y la deshumanización. Cuando una persona es vista como una amenaza por su origen, el color de su piel o su condición migratoria, los derechos humanos quedan en un segundo plano.
Resulta inadmisible que quienes tienen la responsabilidad de proteger a la población recurran a la violencia para intimidar o someter. Más preocupante aún es que este tipo de acciones puedan encontrar respaldo o justificación en discursos que promueven la exclusión y el odio.
Cuando un Estado normaliza la persecución o el trato diferenciado hacia personas por razones de origen o raza, no solo vulnera derechos fundamentales; también debilita la confianza en las instituciones y en el Estado de derecho.
Ninguna niña debería crecer con el temor de ser agredida por quienes portan un uniforme. Ninguna familia debería sentirse perseguida por su nacionalidad, el color de su piel o su situación migratoria.
México no termina en la frontera. Millones de mexicanas y mexicanos viven, trabajan y contribuyen diariamente al desarrollo de Estados Unidos. Su dignidad y sus derechos deben ser respetados, al igual que los de todas las personas, sin distinción alguna.
Somos un solo México, dentro y fuera de nuestras fronteras.
El racismo, la discriminación y cualquier forma de violencia institucional nunca deben convertirse en la normalidad.
