Camilo Campos-Hurtado, ciudadano mexicano de 68 años y exentrenador de futbol juvenil en Middle Tennessee, fue sentenciado el 2 de julio de 2026 a 30 años de prisión federal, seguidos de cinco años de libertad supervisada, después de declararse culpable de delitos relacionados con la explotación sexual de menores, recepción de material de abuso sexual infantil y posesión de documentos migratorios y de identidad fraudulentos.
El caso fue investigado por Homeland Security Investigations (HSI), la Policía de Franklin y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.
La investigación comenzó en junio de 2023, cuando una persona de la comunidad encontró videos de contenido sexual explícito en un teléfono celular que Campos-Hurtado había dejado en un establecimiento de Franklin, Tennessee.
El ciudadano notificó inmediatamente a la Policía de Franklin, lo que permitió iniciar una investigación que posteriormente revelaría la existencia de material de abuso sexual infantil y una conducta que, según los investigadores, llevaba años ocurriendo.
Las autoridades revisaron su domicilio y su vehículo, donde localizaron dispositivos electrónicos que contenían material de abuso sexual infantil, además de documentos migratorios y de identificación falsificados.
Uno de los aspectos más graves de la investigación es que Campos-Hurtado se desempeñaba como entrenador de futbol juvenil, una actividad que le permitía establecer contacto y generar confianza con menores.
Las autoridades determinaron además que el acusado incapacitaba a las víctimas mediante drogas o alcohol antes de agredirlas sexualmente y registrar los ataques.
Los dispositivos revelaron una historia mucho más larga
Los delitos que finalmente sustentaron las condenas estaban relacionados con hechos ocurridos entre 2017 y 2021. Sin embargo, los especialistas encontraron evidencia que permitió establecer que Campos-Hurtado había producido material de abuso sexual infantil desde, al menos, el 13 de enero de 2013.
Durante los registros, las autoridades localizaron documentos migratorios y de identificación falsificados.
La Fiscalía federal acusó a Campos-Hurtado de utilizar o poseer documentos migratorios fraudulentos y de poseer un documento de identificación o elemento de autenticación que había sido robado o producido sin autorización legal.
El Departamento de Justicia informó que Campos-Hurtado no tenía estatus legal en Estados Unidos y que, una vez que cumpla su condena federal y cualquier eventual sentencia estatal pendiente, será removido a México mediante procedimientos migratorios.
