La justicia de Uganda dio luz verde a la extradición de Michael Katungi Mpeirwe, teniente retirado del ejército ugandés y antiguo integrante del entorno político de Muhoozi Kainerugaba, hijo del presidente Yoweri Museveni, quien es requerido por la justicia estadounidense por su presunta participación en una red internacional de tráfico de armas y cocaína vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG.
La resolución fue emitida este viernes por la magistrada principal Ritah Kidasa Neumbe, del Tribunal de Magistrados de Buganda Road, quien determinó que las autoridades ugandesas cumplieron con el umbral legal y probatorio necesario para poner a Katungi a disposición del proceso de extradición. El exmilitar permanecerá recluido en la prisión de Luzira mientras el ministro de Justicia y Asuntos Constitucionales de Uganda toma la decisión correspondiente sobre su entrega a Estados Unidos.
¿De qué acusa estados unidos a katungi?
El Departamento de Justicia estadounidense lo acusa de formar parte, desde al menos septiembre de 2022, de una conspiración internacional que presuntamente buscaba suministrar armamento de grado militar a cárteles mexicanos, particularmente al CJNG.
La acusación federal fue presentada en el Distrito Este de Virginia en julio de 2025 y contempla tres cargos: conspiración para distribuir cocaína; conspiración para poseer armas de fuego, incluidas ametralladoras y artefactos destructivos, con fines relacionados con el narcotráfico; y conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera.
Entre el armamento presuntamente negociado aparecen rifles AK-47, ametralladoras, lanzacohetes, granadas, rifles de francotirador, equipos de visión nocturna, minas antipersonales y sistemas antiaéreos.
El Departamento de Justicia estadounidense sostiene que los involucrados pretendían ocultar el verdadero destino de las armas mediante certificados de usuario final, documentos que supuestamente hacían pasar el armamento como destinado a gobiernos o instituciones legítimas de África.
Un primer cargamento habría servido como prueba
Según la acusación, la red habría utilizado documentación que señalaba falsamente a Tanzania como usuario final para conseguir autorización de exportación de 50 rifles AK-47, además de cargadores y municiones.
Los fiscales estadounidenses sostienen que el armamento estaba realmente destinado al CJNG en México.
Posteriormente, la presunta operación habría escalado hasta un arsenal mucho mayor. El expediente habla de una lista de armamento calculada en aproximadamente 53.7 millones de euros, unos 58 millones de dólares, cifra que supera los 54 millones de dólares que se han manejado en algunas versiones sobre el caso.
