El director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Alex Tonatiuh Márquez Hernández, es investigado por autoridades federales por su presunta participación en operaciones financieras irregulares vinculadas al lavado de dinero.
Según documentos oficiales obtenidos por El Universal, Márquez Hernández figura como representante legal y principal empleado de la empresa Aledo S.A. de C.V., la cual enfrenta serios señalamientos por haber realizado exportaciones simuladas por más de 256 millones de pesos entre 2017 y 2019.
Una auditoría del Servicio de Administración Tributaria (SAT), bajo el procedimiento CGA2000285/20, detectó que Aledo dedujo 190 millones de pesos sin justificación válida, ya que solo presentó facturas legítimas por 39 millones. Además, se identificaron operaciones simuladas con RFC genéricos del extranjero por otros 147 millones de pesos.
Entre 2019 y 2021, Márquez recibió depósitos en efectivo por 2.6 millones de pesos, los cuales no fueron reportados al fisco. De acuerdo con la investigación, sus ingresos formales, estimados en un millón de pesos entre 2019 y 2025, resultan insuficientes para su estilo de vida, que incluye una colección de relojes de lujo valuada en 7.7 millones de pesos, según reveló Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El caso también involucra a Héctor Antonio Ruiz Ángel, actual subdirector de Recaudación de la ANAM, quien figura como representante legal de Heluan S.A. de C.V., empresa que comparte domicilio fiscal con Aledo. Ruiz Ángel firmó en 2015 un contrato con el Sistema de Transporte Colectivo por 429 mil pesos, y otra firma vinculada a él, Gold Sterling S.A. de C.V., transfirió más de 600 mil pesos a Aledo en 2019.
Aunque los accionistas oficiales de Aledo son Ricardo Osvaldo Flores Arcos y Carmen Alejandra Rojas Rodríguez, las autoridades los identifican como prestanombres, mientras señalan a Márquez como el verdadero operador de la firma. En la nómina de Aledo también se encontraron ocho agentes activos de la ANAM, lo que evidencia un posible conflicto de interés y uso indebido de recursos públicos.
A estos señalamientos se suman acusaciones internas por corrupción y posible tráfico de combustible, hechos que ya están siendo investigados por autoridades federales. El expediente continúa abierto y se analiza si procederán sanciones administrativas, fiscales o penales contra los funcionarios implicados.
Este caso pone en evidencia los desafíos del Estado mexicano para combatir el lavado de dinero desde dentro de sus propias instituciones, al revelar una red de funcionarios públicos vinculados al uso de empresas fachada para desviar recursos y encubrir operaciones ilícitas.
