A través de un comunicado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a las autoridades brasileñas realizar investigaciones rápidas, independientes y efectivas para esclarecer los hechos y determinar posibles violaciones a los derechos humanos.
La ONU subrayó que el uso de la fuerza por parte de las autoridades debe regirse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas, especialmente cuando se trata de operativos en zonas densamente pobladas.
De acuerdo con medios locales, la operación, que involucró a más de 1,000 agentes de seguridad, se desplegó en varias favelas de la ciudad con el objetivo de desmantelar organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Sin embargo, habitantes y organizaciones civiles denunciaron abusos, ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza.
El gobierno de Brasil ha defendido el operativo, argumentando que busca recuperar el control territorial y garantizar la seguridad en zonas dominadas por bandas armadas, aunque el alto número de víctimas ha generado indignación nacional e internacional.
