La explicación del Gobierno estadounidense sobre el cierre temporal del espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de El Paso ha sido puesta en duda por una legisladora federal, quien aseguró que la medida no fue provocada por drones de cárteles mexicanos, como inicialmente se informó, sino por un impasse entre agencias federales relacionado con el uso de aeronaves militares no tripuladas.
Durante una comparecencia ante la fiscal general Pam Bondi, la congresista —citando información publicada por el Texas Tribune— afirmó que el cierre obedeció a un desacuerdo operativo con el Departamento de Defensa (DoD) respecto al uso de aviones militares no tripulados, y no a una incursión criminal transfronteriza.
“Fue por un impasse con el DOD sobre el uso de aviones militares no tripulados y no provocado por carteles”, sostuvo la legisladora.
Previamente, autoridades federales habían señalado que la Administración Federal de Aviación (FAA) restringió el espacio aéreo por razones de seguridad vinculadas a la presencia de drones presuntamente operados por cárteles, lo que representaba un riesgo para la aviación civil. El cierre fue aplicado de forma temporal y levantado horas después, una vez que —según la versión oficial— la amenaza fue neutralizada.
Sin embargo, de acuerdo con la información citada por la congresista y retomada por medios locales, el incidente habría surgido por una falta de coordinación entre la FAA y el Departamento de Defensa, que estaría operando sistemas no tripulados en la zona como parte de tareas de seguridad o vigilancia.
El supuesto desacuerdo técnico habría generado incertidumbre en el control del tráfico aéreo, lo que derivó en la decisión preventiva de cerrar el espacio aéreo hasta aclarar la situación.
La contradicción entre versiones ha generado cuestionamientos sobre la comunicación interna del gobierno federal y la transparencia en la información proporcionada a legisladores y autoridades locales. La congresista señaló que la explicación sobre drones de cárteles no coincidía con los datos compartidos con miembros del Congreso, lo que alimenta el debate sobre si la amenaza fue malinterpretada o sobredimensionada.
El caso también ocurre en un contexto de alta sensibilidad política en torno a la seguridad fronteriza, donde el uso de tecnología no tripulada —ya sea por fuerzas militares o por organizaciones criminales— se ha convertido en un tema prioritario.
Hasta el momento, ni la FAA ni el Departamento de Defensa han emitido un informe técnico detallado que aclare públicamente cuál fue la causa precisa del cierre aéreo en El Paso.
