Miles de argentinos salieron a las calles en los últimos días para manifestarse en contra de la controvertida reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei y aprobada recientemente por el Senado, que modifica de forma significativa las condiciones de empleo en el país.
La medida, considerada por el gobierno como una “modernización” del mercado laboral, extiende la jornada diaria de trabajo de 8 a 12 horas, flexibiliza el pago de horas extras y facilita que las empresas puedan ofrecer salarios parcialmente en especie —como alimentos, alojamiento o canastas básicas— en lugar de remuneración íntegra en dinero.
Organizaciones sindicales, centrales obreras y sectores de la oposición han descrito la reforma como una afrenta a los derechos laborales consagrados durante décadas, y señalan que estas modificaciones podrían precarizar al trabajador argentino, debilitar el poder sindical y limitar herramientas como el derecho a huelga.
Las protestas, que se han registrado en diversas ciudades del país —especialmente en la capital, Buenos Aires— lograron concentrar a miles de personas frente al Congreso y en plazas emblemáticas, con marchas, bloqueos y enfrentamientos aislados con la policía. Según reportes locales, varios manifestantes y fuerzas de seguridad resultaron heridos y hubo decenas de detenciones durante las jornadas de mayor tensión.
Líderes sindicales, como los de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), encabezan las movilizaciones y llaman a mantener la presión social y política para frenar la implementación de la reforma cuando pase a la Cámara de Diputados, organismo donde la iniciativa enfrentará un debate clave antes de su posible entrada en vigor.
El gobierno de Milei, por su parte, sostiene que los cambios son necesarios para incentivar inversiones, reducir la informalidad laboral y mejorar la competitividad económica en un país con una histórica problemática de empleo irregular. El choque de visiones apunta a profundizar el debate nacional sobre el equilibrio entre la flexibilidad del mercado laboral y la protección de los derechos de los trabajadores.
