El gabinete de seguridad federal puso en marcha un operativo a gran escala en todo el país para combatir el “huachicol fiscal”, modalidad de contrabando que afecta gravemente el comercio de combustibles en México.
De acuerdo con información obtenida por El Universal, las acciones han derivado en la destitución de administradores, subadministradores y personal en Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico y Ensenada, señalados de colaborar en el tráfico ilegal de hidrocarburos. Dos agentes aduanales fueron suspendidos y se preparan órdenes de aprehensión por presunta colusión.
La Fiscalía General de la República (FGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) investigan una red de corrupción en la que funcionarios aduanales declaraban cargamentos como “aditivos para aceites” o “sosa cáustica”, cuando en realidad se trataba de combustible ilegal.
Modus operandi identificado
Las autoridades han detectado el ingreso irregular de buques y carrotanques cargados con grandes volúmenes de gasolina no declarada. El 10 de marzo, el buque tanque High Challenge intentó introducir 50 millones de litros de combustible ilegal en el puerto de Tampico. Otros barcos, como el Torm Agnes y el Challenge Procyon, buscaron internar 10 y 20 millones de litros respectivamente.
En tierra, la FGR aseguró en Nuevo Laredo, Tamaulipas, 80 pipas y 100 carrotanques con alrededor de 20 millones de litros de huachicol.
Refuerzo militar y cooperación internacional
Desde septiembre de 2020, las aduanas están bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) por los altos niveles de corrupción. En 2025, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum reforzó la vigilancia en el norte del país con apoyo de la Guardia Nacional, así como la coordinación con agencias de inteligencia de Estados Unidos para frenar el cruce fronterizo de estos combustibles.
Las investigaciones se enfocan en empresas importadoras y distribuidoras, con el objetivo de desmantelar toda la cadena de suministro que ha generado miles de millones de dólares al crimen organizado. La FGR y el SAT revisan permisos emitidos por la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE) y anticipan más detenciones en las próximas semanas.
