Ricardo Ordóñez, ciudadano originario de Coatzacoalcos, falleció este martes tras permanecer 38 días encadenado a una luminaria en la Plaza Lerdo, frente al Palacio de Gobierno de Veracruz, donde realizaba una huelga de hambre en protesta por la indiferencia de las autoridades estatales ante sus denuncias.
Ordóñez exigía ser recibido por la gobernadora Rocío Nahle García para exponer un presunto fraude inmobiliario que, según su testimonio, lo dejó en situación de vulnerabilidad y bajo constantes amenazas de muerte. Durante su protesta, denunció haber acudido en reiteradas ocasiones a la Fiscalía General del Estado sin recibir respuesta ni medidas de protección.
Su fallecimiento ha provocado una ola de indignación entre colectivos ciudadanos, organizaciones de derechos humanos y la opinión pública, quienes acusan una grave omisión por parte del gobierno estatal. Activistas han señalado que, pese a la visibilidad y gravedad del caso, no hubo acercamiento directo de la gobernadora ni de sus funcionarios más cercanos.
“Lo dejaron morir frente al poder”, expresaron representantes de organizaciones sociales, quienes han comenzado a convocar movilizaciones para exigir justicia y una respuesta oficial por parte de Rocío Nahle.
El caso de Ricardo Ordóñez se ha convertido en símbolo de la desatención institucional hacia quienes recurren a la protesta extrema en busca de justicia. Diversas voces han exigido una investigación urgente sobre las causas de su muerte, así como del actuar de las autoridades ante una demanda desesperada que se desarrolló a la vista de todos en el corazón político de Veracruz.
Este suceso ha reabierto el debate sobre el derecho a la protesta, la atención a víctimas y la rendición de cuentas del gobierno estatal, en un momento de creciente tensión social en la entidad.
