La dirigencia nacional de Morena marcó distancia de las conductas atribuidas a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, luego de la polémica generada por la difusión de información sobre sus viajes en aeronaves privadas.
La presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, fue cuestionada sobre el caso y respondió de manera directa que Morena “no comparte esas acciones”, al tiempo que sostuvo que corresponde a la propia mandataria quintanarroense explicar las circunstancias de sus viajes.
La declaración adquiere relevancia porque el partido gobierna Quintana Roo desde 2022 y porque la polémica toca uno de los principios que Morena ha colocado en el centro de su discurso político: el combate a la corrupción, los privilegios y el gasto excesivo de los servidores públicos.
El origen se encuentra en una investigación periodística difundida a finales de agosto que, con base en registros migratorios y aeroportuarios, documentó que Mara Lezama habría realizado 97 movimientos en aeronaves privadas, incluyendo viajes a destinos como Orlando, Florida, y Vail, Colorado.
El recuento abarca tanto su etapa como presidenta municipal de Benito Juárez —Cancún— como su actual administración estatal. Según la información publicada, durante su gestión como gobernadora se identificaron numerosos traslados en jets privados.
Algunas estimaciones periodísticas situaron el costo de operación de determinados aviones en alrededor de 6 mil dólares por hora, aunque esos cálculos corresponden a estimaciones del costo de las aeronaves y no significan que esa cantidad haya sido pagada directamente por Mara Lezama en cada viaje.
También se reportó que integrantes de su familia y el entonces senador con licencia Eugenio “Gino” Segura aparecen en registros de vuelos privados, aunque estos movimientos deben distinguirse de los viajes atribuidos directamente a la gobernadora.
Mara Lezama responde: “no fueron pagados con recursos públicos”
Después de que la información comenzó a generar cuestionamientos, Mara Lezama reconoció que sí utilizó aeronaves privadas, pero negó que los viajes hubieran sido financiados con recursos públicos.
La gobernadora sostuvo que se trató de viajes de carácter privado o familiar y rechazó además la cifra de 97 vuelos difundida en los reportes periodísticos, calificándola como incorrecta.
La mandataria salió así al paso de las acusaciones que comenzaron a plantear dudas sobre quién pagó los vuelos y bajo qué condiciones se realizaron.
