La Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió la puerta para que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, continúe su batalla legal en uno de los casos más relevantes de presunto huachicol fiscal en México, relacionado con la introducción irregular de más de 21 millones de litros de diésel al país.
Este lunes 26 de octubre, el Pleno de la Suprema Corte resolvió recursos promovidos en medio de la disputa sobre las facultades del SAT para representar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en investigaciones por contrabando de combustible.
Uno de los expedientes centrales involucra a Édgar Marín Meza Moreno, directivo de la empresa Impulsora de Productos Sustentables, investigado por una operación marítima realizada en octubre de 2019, cuando el buque Atlantic Bay habría ingresado a México con un cargamento de diésel.
De acuerdo con la imputación de la Fiscalía General de la República, la embarcación habría transportado aproximadamente 28.7 millones de litros de combustible; sin embargo, solamente se habrían declarado 7.2 millones ante las autoridades aduaneras. La diferencia, cercana a los 21 millones 570 mil litros, es el volumen que presuntamente ingresó sin cumplir con las formalidades correspondientes.
La Fiscalía calcula que esta operación habría ocasionado un perjuicio al erario de alrededor de 173 millones de pesos por impuestos y derechos presuntamente omitidos. No obstante, se trata de una estimación atribuida a la acusación, no de una cantidad establecida mediante una sentencia definitiva.
