Una funeraria de Iguala, Guerrero, se convirtió en una nueva línea de investigación en el caso Ayotzinapa, luego de que la Fiscalía General de la República analizara llamadas telefónicas de la noche en que desaparecieron los 43 normalistas.
Durante su conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que las autoridades realizaron un cateo en el establecimiento y detectaron diversas irregularidades en su operación. La mandataria sostuvo que los propietarios de la funeraria presuntamente mantenían vínculos con la delincuencia organizada desde antes de los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
La investigación surgió a partir del nuevo análisis de comunicaciones telefónicas realizado por la FGR, mediante el cual se reconstruyeron contactos entre personas relacionadas con la delincuencia organizada, autoridades y trabajadores o propietarios de servicios funerarios en Iguala.
De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía, las diligencias permitieron localizar irregularidades en documentación relacionada con el manejo de cadáveres y otros indicios que llevaron a profundizar esta línea de investigación.
Uno de los puntos bajo análisis es si instalaciones funerarias de Iguala pudieron haber sido utilizadas por integrantes de Guerreros Unidos para ocultar o trasladar cuerpos durante los días posteriores a la desaparición de los estudiantes.
