El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció la ruptura total de sus vínculos académicos con la Universidad de Harvard, una decisión que entrará en vigor a partir del ciclo escolar 2026-2027 y que implica la cancelación de becas, programas de formación militar, fellowships y certificaciones financiadas por el Pentágono.
El anuncio fue realizado por el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien acusó a la institución de promover lo que calificó como “activismo anti-estadounidense” y de difundir ideologías que, según él, no son compatibles con los valores ni la misión de las Fuerzas Armadas. En declaraciones públicas, Hegseth sostuvo que Harvard se ha convertido en un centro de activismo político que “no forma líderes alineados con las necesidades estratégicas del país”.
La medida afecta programas de educación militar de posgrado en los que participaban oficiales en activo y personal del Departamento de Defensa. Aunque quienes actualmente cursan estudios podrán concluirlos, no se aceptarán nuevos participantes a partir del próximo periodo académico.
La decisión se inscribe en un conflicto más amplio entre el gobierno federal y universidades de élite, particularmente de la Ivy League. En los últimos años, Harvard ha sido blanco de críticas por parte de sectores conservadores debido a:
- Sus políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
- El manejo de protestas estudiantiles, especialmente las relacionadas con conflictos internacionales.
- Acusaciones de tolerar discursos considerados hostiles hacia instituciones del Estado.
El gobierno estadounidense ya había congelado o puesto bajo revisión fondos federales de investigación destinados a Harvard y otras universidades, además de abrir disputas legales relacionadas con libertad académica y supervisión ideológica. Harvard, por su parte, ha rechazado las acusaciones y ha defendido su autonomía institucional, calificando estas acciones como intentos de presión política.
El Pentágono adelantó que revisará convenios similares con otras universidades, lo que podría marcar un cambio profundo en la relación histórica entre el sector académico civil y el ámbito militar en Estados Unidos.
Analistas advierten que esta ruptura podría reducir opciones de formación avanzada para oficiales, además de sentar un precedente sobre el uso del financiamiento federal como herramienta de control ideológico. Mientras tanto, la decisión intensifica el debate nacional sobre libertad académica, política educativa y el papel de las universidades en la formación de líderes públicos y militares.
